El Gobierno le anunció a la empresa Panama Ports Company (PPC) que le realizará una auditoría para determinar la realidad de sus estados financieros, en medio de una advertencia gubernamental de que podría revisarse el contrato y reclamos de que no ha sido transparente en sus pagos al Estado.

El ministro consejero de la Presidencia, José Alejandro Rojas, anunció en una reunión plenaria de la Junta Directiva de PPC que el Estado auditará las finanzas de la transnacional para conocer el estado real de sus finanzas, reveló una fuente vinculada al tema.

El anuncio de Rojas a la Directiva de PPC se da en medio de la posibilidad de que el Estado revise el contrato que se vence en su primera fase en el 2022 y de acusaciones de diferentes sectores de que no ha sido transparente en el pago de dividendos y otros aportes contractuales.

La fuente agregó que Rojas le comunicó también a los directivos de PPC que la revisión del contrato es un tema que debía analizarse, a lo que voceros de la empresa respondieron que sería un "abrupto legal".

Rojas declaró en enero pasado que el contrato con PPC debe ser revisado de forma "completa", "hasta la última letra", para lo cual es necesario realizar una auditoría, cuidando la seguridad jurídica y en aras de los mejores intereses del país.'

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millón, asegura Meilán, le ha pagado PPC al Estado en dividendos en los 23 años que tiene el contrato de concesión.

10

por ciento de las ganancias de PPC son para el Estado como lo establece el contrato.

Panama Ports Company es una empresa mixta en la que el Estado tiene el 10% de las acciones. El contrato es por 25 años prorrogables por igual periodo.

El abogado Pedro Meilán denunció a PPC por bien oculto ante el Ministerio de Economía y Finanzas y ante la Contraloría General, aduciendo que la transnacional solo ha pagado un millón de dólares en dividendos, pese a haber generado $3,070 millones en los 23 años que tiene operando en Panamá.

Según Meilán, la Contraloría de la República no ha auditado a PPC para confirmar si ha hecho las millonarias sumas que aduce en la modernización de sus puertos.

"Veo con muy buenos ojos que el actual Gobierno le haga una auditoría a Panamá Ports Company y que ellos puedan demostrar lo que hemos dicho durante todo este tiempo, como por ejemplo, el pago de intereses, consultoría a una empresa en China, la publicidad, entre otros temas que no están claros", expresó Meilán.

A juicio del abogado, la lógica indica que Panamá Ports Company no le ha dado el dinero que le corresponde al Estado de manera correcta, ya que se han negado a entregar los estados financieros ni tampoco es público como lo hacen otras empresas mixtas en el país.

"Lo justo para los panameños es que Panamá Ports Company sea auditada y que se le renueve el contrato, siempre y cuando, todo este en orden, pero si se le encuentra que nos deben dinero, que nos paguen todo y que se revise un 100 por ciento", dijo.