Inundaciones: ¿castigo de la naturaleza o negligencia?

Un gran número de propiedades en el distrito de Arraiján no cuentan con una zonificación, pues debido al crecimiento demográfico, los promotores de las urbanizaciones son los que proponen el lugar para ejecutar la obra, informó Rubén Aguilar, del Departamento de Trámite del Ministerio de Vivienda (MIVI).
Explicó que la aprobación de un proyecto habitacional inicia con el cotejo de los planos originales, donde se verifica que éstos cumplen con los procedimientos y parámetros exigidos para el desarrollo de una urbanización, de acuerdo con las especificaciones del terreno.
En esta etapa, el promotor somete a consideración del ministerio la zonificación, lotificación y configuración de servidumbres viales. En el caso de urbanizaciones que colindan con ríos, sus servidumbres o distancia de la construcción con el caudal, también deben ser aprobadas.
Según el director de la Oficina Nacional de Evaluación Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Silvano Vergara, los promotores de las obras construidas en Arraiján han cumplido con los estudios de impacto ambiental, pero al ejecutar la obra no se respeta lo aprobado.
Vergara señaló que el decreto ejecutivo No. 59 del 16 de marzo de 2000 que creó el proceso de evaluación de impacto ambiental, establece la presentación de un estudio de impacto ambiental, si el proyecto supera las cinco hectáreas o si la población estimada para habitarlo sobrepasa los 250 habitantes por hectárea.
Dijo que en Arraiján es evidente que las empresas están faltando a las especificaciones presentadas en los planos originales, pues durante el desarrollo de la obra se incumple con las distancias que deben existir entre la obra y un río.
Hizo referencia al artículo 23 de la Ley Forestal que protege el denominado bosque de galería. De acuerdo con esta norma, la distancia entre las casas y el río debe ser de un ancho de 10 metros.
Especificó que las construcciones que se hagan en zonas rurales no deben estar sobre o en los bordes de un río, porque pueden causar efectos al entorno del área de árboles.
"Nos encontramos que han tumbado todo el bosque de galería y en algunos casos han construido muy cercano a los cauces", indicó, al tiempo que advirtió que esto acarrea sanciones. Estas sanciones van desde amonestaciones escritas y verbales hasta llegar a las multas.
Agregó que estas sanciones pueden ser aplicadas por la ANAM hasta por un millón de balboas, mientras que las establecidas por el Consejo Nacional del Ambiente, integrada por los ministerios de Salud, Economía y Finanzas y la Presidencia, llegan hasta los 10 millones de balboas.
A juicio de Vergara, existe aprovechamiento de las empresas urbanizadoras, lo que se observaba mucho en las barriadas que se construían anteriormente, pero aseguró que en las nuevas construcciones se está dando un mayor seguimiento para que se ejecuten tal como se presentaron los estudios.
Consideró que la construcción de numerosas barriadas en Arraiján se debe al crecimiento demográfico, pero, esto impacta directamente en el ecosistema.
"La cantidad de personas que habita en ese sector repercute en una mayor cantidad de desechos que van a dar a los caudales, al igual que las aguas residuales, lo que provoca la contaminación de las aguas puras de los ríos", manifestó.
Expresó que lo ocurrido la semana pasada en el área Oeste, debe llamar la atención de todos los constructores para que reflexionen de que las inundaciones son una advertencia de la naturaleza, porque los árboles a la orilla de un río cumplen con el propósito de retener las aguas de las crecidas.
Igualmente, Vergara responsabilizó a los moradores que indiscriminadamente arrojan desechos sólidos a las corrientes evitando el proceso de disipación energética de los ríos.
Concluyó que la fiscalización y seguimiento es la única forma para que los constructores cumplan con las especificaciones originales de la obra y no afecten las servidumbres forestales, pero, aclaró, que esto le corresponde a las autoridades municipales.

Mientras que Félix Lorenzo, de la Dirección de Ingeniería Municipal de Arraiján, comparte el criterio de la competencia del municipio, que legalmente está facultado a otorgar permisos de construcción para urbanizaciones.
Sin embargo, consideró que los representantes de otras entidades que intervienen en esta aprobación buscan escudarse en la Dirección Municipal para evitar responsabilidades en la fiscalización del cumplimiento de los planos de las urbanizaciones.
"Nosotros fiscalizamos en la medida de nuestras posibilidades, porque no contamos con recursos económicos ni de personal para prever esta situación", dijo Lorenzo.
Aseguró que no pretende eludir responsabilidades, pero lo ocurrido con las inundaciones de algunas barriadas en Arraiján, es producto de la naturaleza y no porque se haya obviado una inspección a las urbanizaciones.
"Nosotros aprobamos planos que prácticamente vienen avalados por las instituciones que conforman la ventanilla única", dijo.
El ingeniero señaló que las inundaciones ocurren porque los ríos no se dragan, pues personal municipal constató durante un recorrido que el problema no se dio en un punto específico.
Expresó que se debe realizar una inspección para determinar si en el área las aguas que van a los ríos han aumentando producto de la cantidad de viviendas, lo que provoca que las vertientes crezcan y se den inundaciones.
"Ya es tiempo de que al distrito se le mire con responsabilidad por el aumento de la población como consecuencia de la creación de nuevas barriadas", señaló.
Otro de los problemas que enfrenta el distrito es que no existe un estudio o plan de desarrollo integral que zonifique las áreas residenciales, comerciales o industriales y que especifique qué terrenos se pueden utilizar.
No obstante, Denis Hernández, jefe de Planificación de Centro Urbano, dijo que la aprobación de estos planos para las zonas residenciales se da de acuerdo a la intensidad de habitantes y del tipo de infraestructura por la cual se evacuarán las aguas servidas y las pluviales.
Aclaró que el MIVI establece las normas y hace las propuestas, pero finalmente es el municipio que tiene que fiscalizar que se haya construido de acuerdo con los planos aprobados.
En tanto, Bríspulo Hernández, del Centro de Investigación Hidráulica de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomendó, tras un reciente estudio, eliminar los árboles en aquéllas construcciones muy cercanas a los ríos, pues éstos impiden, al igual que los desechos sólidos, el recorrido de las aguas.
Denunció la falta de dragado en los ríos que se desbordaron el sábado en Arraiján, lo que fue comprobado en un recorrido por el área de las inundaciones.
Para Hernández, en el área no se presentan solamente los problemas de falta de dragado de los ríos, sino también el irrespeto de las servidumbres, aunado a la construcción de calles de concreto o asfalto.
Otro aspecto que incide en las inundaciones es la construcción de tanques sépticos fuera de las disposiciones sanitarias, situación que es más grave aún, pues las aguas servidas contaminan las fuentes del vital líquido.
Por su parte, el ingeniero Vicente González, de la Dirección de Calidad de Agua del Ministerio de Salud, dijo que la norma de agua residual aprobada en el 2000, obliga a la colocación de plantas de tratamiento y elimina los tanques sépticos.
No obstante, aún existen proyectos que están en aprobación que mantienen los tanques sépticos, pero a éstos se les exige la colocación de filtros para controlar que las aguas no lleguen "crudas".
Asimismo, denunció que estos tanques deben estar colocados a una distancia mínima de 10 metros de distancia desde la orilla del río, pero que muchas constructoras están faltando a estos estándares.

Cabe destacar que el MIVI, conjuntamente con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), designó una comisión interinstitucional que evaluará las causas directas e indirectas que provocaron las inundaciones.
Esta comisión debe entregar este informe a más tardar en 30 días, con las recomendaciones para que eventos similares no se vuelvan a repetir.