Jurados de conciencia son influenciados por el temor

Sus ventajas e inconveniencias mantienen un debate antiquísimo, sobre todo cuando después de muchos argumentos a favor o en contra sus conciencias dicen que es inocente.

Su veredicto representa la justicia popular, contraria a aquellas decisiones que se toman con estricto rigor y apego a la ley, pero exageradamente frías por la monotonía del ejercicio del derecho en los tribunales. Es así, con estas premisas, que la institución del jurado de conciencia converge entre defensores y detractores.

Al menos en Panamá, la mitad de las audiencias por homicidio se realiza con jurado de conciencia y termina con un veredicto favorable a los acusados.

Estas estadísticas son el resultado de los informes mensuales que hacen los fiscales superiores en todo el país, en materia de audiencias por homicidios realizadas en cada uno de los despachos de instrucción.

Para Sofanor Espinosa, fiscal tercero superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, estos resultados no son alentadores porque generan un síntoma de impunidad dentro de la sociedad.

La figura de jurado de conciencia es controversial porque por una parte los magistrados la ven como una institución auxiliar en los procesos judiciales y por la otra está el Ministerio Público, donde los fiscales superiores la consideran un instrumento que no se ajusta a los elementos probatorios que se presentan ante el tribunal.

En el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá se logra por mes un promedio de 18 audiencias con veredictos de inocencia, de los casi 40 juicios que se hacen en ese periodo.

Igualmente de la totalidad de audiencias que se dan, el 90% es por jurado de conciencia y el otro 10% restante es a través de juicios en derecho.

Para Espinosa, las audiencias en derecho favorecen más el carácter de justicia porque impera el análisis de las pruebas, debido a que se cuenta con la ponencia de funcionarios con vasta experiencia, como lo son los magistrados que componen el Tribunal Superior de Justicia.

Espinosa dijo que por ley el índice porcentual de las audiencias en derecho debería ser mayor al 10%, debido a que existe una norma legal que lo exige.

Se trata de la Ley 68 del mes de noviembre de 2009 que establece reformas al Código Judicial, específicamente en la figura de los jurados de conciencia.

La norma limita esta institución para que actúe en los casos de homicidios dolosos, con excepción a los que están relacionados con actos de terrorismo, pandillas, asociación ilícita para delinquir y en los que haya concurso de pena.

Sin embargo, considera Espinosa que muchas veces se dan juicios con estas características con la figura de jurado de conciencia, pese a que por norma debería ser atendido en derechos por los magistrados del Segundo Tribunal.

Sin embargo, para James Bernard, quien fuera fiscal superior y actualmente abogado litigante, el tema de los jurados de conciencia es una figura que en vez de erradicarla hay que reforzar su funcionamiento.

“Esta es una institución que vale la pena preservar porque refuerza nuestro estado de derecho”, apunta Bernard al considerar que se trata de un sistema que se origina en los estados democráticos del mundo.

Un fallo por temor

Para el fiscal Espinosa, los temores que sienten los convocados a formar parte del jurado de conciencia representan la principal causa de las fallas que tiene el sistema a la hora de determinar la culpabilidad o inocencia de una persona en un caso grave como es el de homicidio.

El exfiscal , quien defiende la figura, reconoce que existen estos temores y eso es lo que hace que el Órgano Judicial tenga dificultades a la hora de seleccionar a las personas que van a asistir a un juicio.

Según un informe del Órgano Judicial al que tuvo acceso Panamá América,existe una lista de elegibles para ser jurados de conciencia, pero es muy baja, ante la demanda de jurados que se requieren para atender los juicios en todo el país.

Sumado a esa baja concurrencia, revela el informe judicial, de los pocos que califican, hay quienes hacen lo posible para evadir esta obligación.

“Se declaran incapacitados con certificados médicos y a veces se esconden una vez divisan a los funcionarios del Órgano Judicial”, dijo una fuente judicial.

Para Bernard, quien es exfiscal superior, esas situaciones son las que motivan que muchas veces los tribunales tengan que requerir en más de una ocasión a un mismo jurado de conciencia, lo que pudiera convertirse en un vicio en el proceso, tomando en cuenta que estas personas no pueden tener ningún conocimiento legal.

Un informe de la Corte Suprema de Justicia revela que la meta es lograr contar con una lista de 80,000 personas entre servidores públicos y trabajadores de la empresa privada, pero la lista más reciente no supera ni llega a las 40,000 personas elegibles como jurados de conciencia.

A juicio de James Bernard, con la aprobación del Sistema Penal Acusatorio se crearon las herramientas para la protección de los jurados de conciencia, lo que pudiera ser una alternativa para preservar la figura.

Bernard hace alusión a una norma que se encuentra contenida en el capítulo V del nuevo Código Procesal Penal, que establece medidas de protección para las víctimas que son testigos y colaboradores en el proceso de un juicio.