La Corte no tiene competencia para juzgar a Martinelli

La Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para juzgar a Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos, aseguran juristas panameños.

Los abogados se apoyan en la Constitución de la República, la cual está por encima de cualquier decreto o interpretación.

Desde hace mucho antes de que se certificara la renuncia de Ricardo Martinelli a su curul de diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el exmagistrado Edgardo Molina Mola advirtió que cuando se diera el hecho, la investigación al exmandatario por el caso pinchazos debía pasar a competencia de un juez de circuito.

"Cuando la Corte Suprema de Justicia pierda la competencia, deberá compulsar o enviar los casos al Ministerio Público, ya sea para continuar los procesos bajo el Sistema Penal Acusatorio o Sistema Mixto", dijo el catedrático y profesor de la mayoría de los juristas panameños.

Edgardo Molino Mola fue designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el mandatario Guillermo Endara y miembro de la Comisión Especial de Consultas para reformas a la Constitución.

Por su parte, el abogado Genarino Rosas sobre el tema de la competencia en el caso de Martinelli, dijo que la Constitución está por encima de cualquier decreto y así lo han expresado muchos constitucionalistas no solo en Panamá, sino también en otros países.

"Los artículos 155 y 206 de la Constitución son claros, quienes deben juzgar a un magistrado, a un presidente o a un diputado...", sostuvo Rosas.

Explicó que seguir lloviendo sobre mojado en cuanto a la competencia la tiene Mejía (magistrado) eso es ilusorio, es ir contra la Constitución, los derechos humanos y la presunción de inocencia.

Rosas señaló que el "circo sigue y muchos abogados se están prestando para el mismo, dando un mal ejemplo de lo mal que ya está el Sistema Penal Acusatorio va a quedar más endeble porque no se están aplicando las técnicas y Código Penal como debe ser".

En tanto, el jurista Ángel Álvarez indicó que la competencia no es un obstáculo a la justicia, por el contrario es garantía judicial al debido proceso.

Se refirió al artículo 32 de la Constitución de la República, según el cual "nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria".