La vida en una de las 291 casas condenadas del país

Nadie sabe los motivos, pero 78 familias habitan en un sitio que también podría servirles de ataúd. Se trata del caserón Mateo Iturralde, en Calle 21 El Chorrillo, justo en la frontera con Barraza.

Al igual que estas personas, otras miles residen en alguna de las 291 casas declaradas condenadas en el país. De ese total, 151 están en la capital y 140 en Colón.

En la ciudad de Panamá, 100 de los viejos caserones se ubican en el Casco Viejo, según Arturo Alvarado, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Viviendo en peligro

Aunque parezca increíble, el edificio Mateo Iturralde fue construido en 1920 y condenado hace 35 años. Es, según sus propios moradores, la única estructura de madera del área que sobrevivió al fuego de la invasión militar de Estados Unidos, en 1989.

Se mantiene en pie, pero en cualquier momento podría desplomarse. También se abrirían allí las puertas de un infierno si se produce un incendio.

Llegar a la barraca produce espanto, la bienvenida la ofrecen el olor a orina, a heces, a ratas muertas y a cualquier hedor insoportable. Las miradas de los residentes parecen cuchillos, miran fijo, duro y con desconfianza.

Hay niños en decenas que juegan y caminan sobre balcones rotos, entre escaleras sin pasamanos. La madera rechina y chilla, como advirtiendo que se avecina una desgracia.

Desde un cuarto de la segunda planta puede verse el piso de abajo, en el que hay restos de material incinerado, ropa, botellas plásticas y resto de cables inalámbricos.

Las necesidades se hacen en un baño común en medio de un lúgubre solar, sin puertas, sin drenaje, sin inodoros. Las personas que viven en el primer piso suben a sus piezas por escaleras que a veces les faltan dos a tres escalones, y al pasar sobre ellas se estremecen.

Han tendido cables eléctricos improvisados, porque no hay servicio de luz, ni de agua.

Hace más de 15 años que no pagan. Es la realidad del país de las dos cifras de crecimiento económico. Allí, en el oscuro caserón de El Chorrillo, no parece haber esperanza, pero sus inquilinos aún lo siguen habitando.

La realidad de Colón

El peligro de perder la vida por residir en una casa condenada también late a diario en la provincia de Colón. Allá, al norte del país, 140 casas corren el riesgo de desplomarse o incendiarse. Lo peor, sus habitantes se resisten a salir de sus hogares, sencillamente porque “están ubicados en el centro de la ciudad y no pagan ni agua ni luz”, según el director del Sinaproc.

Alvarado, quien recorrió la ciudad junto al director regional del ministerio de Vivienda (Miviot) en Colón, Osvaldo Chavarría, señaló que la mayoría de los viejos caserones en Colón tenían dueños, sin embargo estos decidieron abandonarlos porque los inquilinos se negaron a pagar sus rentas. Actualmente, en la vecina provincia hay 3 mil 140 personas damnificadas que viven temporalmente en 33 albergues por los problemas que sufrieron sus viviendas. Estas personas representan a unas 785 familias.

Norma legal

En Panamá está vigente la Ley 93 del 4 de octubre de 1973, mediante la cual las autoridades tienen la facultad de desalojar, demoler o reconstruir una estructura que haya sido condenada. El Miviot, los bomberos, el Ministerio de Economía y Finanzas y los municipios se encargan de hacerla cumplir. (Ver gráfica en página 3)

Incendios mortales

Durante los últimos años se han registrado en Panamá una serie de incendios que han provocado víctimas mortales. Uno de los más recordados es el ocurrido el 21 de marzo de 2007 en Curundú. Ese día murieron tres menores de edad y el siniestro arrasó con 137 viviendas. Empezando este año, una pareja de panameños falleció en Don Bosco, Juan Díaz, a causa de un incendio en su residencia, e igual suerte corrió el exfiscal Issaac Ladrón de Guevara, quien murió en su casa, ubicada en Las Lomas de La Chorrera.