Nuevos testigos salieron ayer a calificar de verdaderas, las denuncias de que en el Registro Público se cobraron cuotas ilegales a un grupo de funcionarios.
Johana Ruiz dijo que tuvo que renunciar este año a esta Institución; ya que con la cuota que le extraían, de su salario, no le alcanzaba para mantenerse.
Añadió que la primera vez que se presentó la propuesta de la cuota fue en una reunión organizada en Las Cumbres . Que todos los testigos mencionan- donde estuvo presente el director Luis Barría, y su equipo de campaña política.
Ruiz dijo que luego fue llamada por la directora de Recursos Humanos, Mitzi Tello, quien le recalcó que de su salario debía aportar 28 dólares quincenales. Añadió que nunca le brindaron la oportunidad para negarse a pagar la cuota.
“Como era nueva funcionaria, mi primer pago llegó seis meses después de haber sido nombrada, por lo que tuve que darle a Tello, aproximadamente, 600 dólares porque pedían que la cuota fuera retroactiva”, afirmó la ex funcionaria.
José Luis De León, quien ejerció el cargo de calificador, dijo que fue destituido con un expediente falso por haberse negado a pagar la cuota. De León coincidió con Ruiz, en que fue Tello quien el pidió que diera un aporte de su salario para la Asociación pro Desarrollo de la Comunidad Rural (Aprodec), la cual está vinculada a Barría, sus familiares y funcionarios de cargos altos en el Registro Público.
Yanina Salinas, ex incluidora del Registro Público, dijo que fue testigo de cómo un grupo de sus compañeros de trabajo tenían que dejar en el departamento de Recursos Humanos parte de su quincena para apoyar a esta asociación.
Tello, en la conferencia que brindó Barría el jueves pasado, intervino para decir que los funcionarios eran personas suficientemente maduras para decidir por sí mismos a quien darle un aporte.
Mensajeros, personal de mantenimiento y asistentes de seguridad fueron obligados a depositar en Aprodec.
