MP acoge reserva del sumario en unos casos y en otros crea zozobra
En medio de la campaña de desprestigio que impulsa el Ministerio Público contra el Grupo Epasa, envía de vacaciones al fiscal Marcelino Aguilar, quien armó el expediente, por seis meses.
Mucho se ha criticado la postura de Porcell en los casos contra funcionarios del gobierno pasado. Víctor Arosemena
Cuestionable, así califican la posición de la procuradora Kenia Porcell en algunos casos en los que alega que hay reserva del sumario, como el de la constructora Odebrecht, mientras que en otros sale a crear zozobra y emitir opiniones dirigidas a condenar sin que hayan avanzado las investigaciones.
Porcell, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que en el caso Odebrecht se acoge a la reserva del sumario, sin embargo, en otros, como las investigaciones que se siguen sobre la compra de Grupo Epasa, ha salido a crear zozobra y emitir opiniones condenatorias.
A principios de esta semana, la procuradora y exsubjefa del Consejo de Seguridad Nacional oficializó las investigaciones que buscan desprestigiar a Grupo Epasa con la excusa de la presunta comisión de un delito contra el orden económico (blanqueo de capitales) en su compra.
En conferencia de prensa, la procuradora Porcell sentenció a Epasa sin que haya habido audiencia o se hayan comprobado los delitos que ella alega.
Según Porcell, se logró identificar que dinero del Estado, a través de los fondos de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, fueron utilizados para la compra de Epasa.
VacacionesEn medio de esta situación el fiscal Marcelino Aguilar, quien armó el paquete para desprestigiar a Epasa, fue enviado de vacaciones por seis meses, como una fórmula para sacarlo del radar de los cuestionamientos ante el proceso que ha sido calificado como un plan que busca silenciar a los diarios "Crítica", "Panamá América" y "día a día".
Analistas han advertido que el MP está fabricando un supuesto delito precedente con la licitación de la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján - La Chorrera, adjudicada a la empresa Transcaribe Trading, esto con la finalidad de desprestigiar a Epasa.
Para el abogado y constitucionalista Ernesto Cedeño, no se puede hablar de un delito precedente en la adjudicación de una determinada obra cuando existe una licitación, ya que esto lo permite la ley.
"No se puede hablar de delito precedente en una licitación porque estas son jurídicamente viables, tendría que demostrarse en el expediente", manifestó el jurista Cedeño.
El abogado añadió que una manera de sustentar un delito contra la administración pública es a través de las auditorías de la Contraloría General de la República y "no sé si existe alguna de la ampliación de la autopista Arraiján – La Chorrera, eso lo ha dicho la jurisprudencia".
A su juicio, si se habla de sobrecosto en esta obra, deber haber una auditoría para que tenga validez el argumento y que se sustente el mismo, por lo que habría que ver si dentro del expediente consta alguna auditoría.