¿Otro organismo inoperante?

SI ALGO quedó claro en la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es que el gobierno de Costa Rica no se come el cuento de las supuestas bondades de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), y el PARLACEN.
¿La razón? Son considerados "organismos inoperantes" por el gobierno dirigido por Oscar Arias.
Y es que al gobernante costarricense, quien volvió a manejar los destinos del país vecino por segunda vez desde el pasado 8 de mayo, no considera justo que la Unión Europea condicione el Tratado de Libre Comercio con las naciones centroamericanas, a que se fortalezcan el PARLACEN y la Corte Centroamericana de Justicia.
Arias reafirmó que en la Asamblea Legislativa de su país "no hay ambiente", al igual que cuando él fue presidente por primera vez (1986-1990), para que Costa Rica se incorpore al PARLACEN y a la Corte Centroamericana.
Mientras el país vecino mantiene una firme posición, el mandatario Martín Torrijos analiza la posible adhesión del istmo a la Corte Centroamericana de Justicia, cuya existencia es un misterio para muchos panameños.
Una llamada a la Cancillería de la República despejó la duda de si ya pertenecíamos o no a la entidad jurídica, ya que en la edición de ayer de La Prensa Gráfica de El Salvador, se afirmaba que éramos parte de la Corte. Sin embargo, la Dirección General de Política Exterior negó la información.
Pero, ¿qué es la Corte Centroamericana de Justicia? Es el órgano judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que empezó sus funciones el 12 octubre 1994 en la ciudad de Managua, su sede permanente.
El magistrado Francisco Darío Lobo, vicepresidente de la Corte, al preguntársele, cuál es la principal función de este organismo afirmó que es "resolver conflictos entre poderes del Estado" (de los países miembros: Nicaragua, Honduras y El Salvador).
Agregó, no sin antes mencionar que "muchos profesionales y ciudadanos aún no saben que existe este organismo", que el objetivo es velar por la integración centroamericana y está encargada de aplicar los tratados de la región.
Pero, para quienes se oponen a la existencia de este organismo, el pertenecer a ella no ofrece ningún provecho, debido a que no es más que un lindo sueño de integración que no se puede poner en práctica por el momento.
Para Jaime López, director de Probidad de El Salvador (institución cívica contra la corrupción), Panamá "no recibiría ningún beneficio al integrarse a una Corte sin mayor relevancia".
Las afirmaciones de López se deben a que los fallos que dicta la Corte Centroamericana de Justicia son aceptados por los gobiernos según su conveniencia.
Al respecto, Roberto Courtney, director ejecutivo de Etica y Transparencia de Nicaragua, expuso como un claro ejemplo de lo inútil que es el organismo, el recurso presentado por el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, cuando el Órgano Legislativo de su país intentó reducirle los poderes al Ejecutivo.
La CCJ dictó un fallo declarando nulas las reformas constitucionales aprobadas en segunda legislatura por la Asamblea Nacional el 13 de enero pasado, y que restaban facultades al Ejecutivo, con la justificación de que son "jurídicamente inaplicables".
Ante el fallo, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) declaró inconstitucional una parte del tratado constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que le permite conocer conflictos de competencia entre poderes del Estado.
Lo curioso detrás de este caso, según Courtney, es que Bolaños, luego de interponer el recurso, desembolsó a la CCJ su cuota de 60 mil dólares por pertenecer al organismo, cuyo pago estaba atrasado dos años.
López y Courtney coinciden en que son pocos los casos que llegan a éste organismo, el cual se ha convertido en "un egreso excesivo e inútil de los presupuestos nacionales".
Otra afirmación es que los magistrados son "escogidos por conveniencia", ya que quienes los designan son los magistrados de las Corte Suprema de cada nación. Además, no rinden cuentas de cómo gastan sus presupuestos.
Actualmente son seis los diputados, dos por cada país miembro, y devengan salarios superiores a los 6 mil dólares, reciben viáticos de movilización, tienen tratamiento diplomático y son exonerados de impuestos.
Sobre la negativa de Costa Rica de pertenecer a la CCJ, los dos directores de las instituciones anticorrupción señalaron que este país no se unirá a ella mientras tenga la facultad de resolver conflictos entre poderes del Estado.
Esta razón fue confirmada por el vicepresidente de la CCJ, Francisco Darío Lobo.
Se conoció que Guatemala tiene la misma posición.
¿Cómo llevar casos a una CCJ que no tiene injerencia?, preguntó Courtney. Es por eso que los organismos cívicos piden su urgente eliminación, mientras no tenga una función específica.
El artículo 12 de los estatutos del SICA se declara que forman parte del sistema: la reunión de vicepresidentes, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la Corte Centroamericana de Justicia y el Comité Consultivo.
Entre las competencias del organismo están:
Conocerá las solicitudes de cualquier Estado miembro de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las fronterizas, territoriales y marítimas, para las cuales se requiere de la solicitud de todos los miembros.
Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos que los asuntos que las partes le hayan solicitado.
Actuar como tribunal de consulta competente de las cortes supremas de justicia de los Estados.
Conocer las controversias que surjan entre un estado centroamericano y otro que no lo sea.
La actual junta directiva de la Corte Centroamericana de Justicia está integrada por seis magistrados.
El presidente es Carlos Guerra Gallardo, de Nicaragua. Su vicepresidente es el hondureño, Francisco Darío Lobo.
Los otros integrantes del organismo jurídico son: Alejandro Gómez Vides y Ricardo Acevedo Peralta, de El Salvador y Silvia Rosales Bolaños y César Vega Masís, ambos de Nicaragua.