Panamá busca garantizar origen legal de la madera

Más de 110 mil hectáreas de bosques de más de 200 mil que tiene la región de Darién y Panamá Este son otorgadas para el aprovechamiento forestal, lo que indica que un 20 % están bajo control forestal, con unas 350 a 850 hectáreas aprovechadas en un año.

El aprovechamiento de los bosques bien sustentado no genera deforestación, explicó Álvaro Castillo, de la dirección Forestal del Ministerio de Ambiente. Se trata de una actividad económica, establecida y regulada en la legislación forestal, que genera beneficios tanto a las comunidades como al ambiente, indicó el experto.

El seguimiento a la cadena de transformación de la tuca de madera desde que sale del bosque hasta llegar a una industria, taller o un patio de abastecimiento ha disminuido el tráfico y uso ilegal de la madera a través de la fiscalización y la transparencia, señaló

Este proceso de trazabilidad se cimienta en un componente tecnológico que incluye una aplicación web que registra a los usuarios y administra datos de campo, transporte y abastecimiento, una aplicación Android para llevar un censo, identificación de árboles y fiscalización. Además, cuenta con NFC y código QR para identificar árboles y trozas.

El sistema de trazabilidad ha permitido un trabajo más transparente y menos agobiantes, potenciando a la figura del regente forestal como responsable del cumplimiento de las normas legal, señaló Castillo.

El regente forestal, un ingeniero forestales certificados por el Consejo Técnico Nacional de Agricultura, es el responsable del 60 % del cumplimiento del inventario forestal, así como de garantizar la cadena de cumplimiento en el proceso de aprovechamiento forestal, indicó el experto.

Así mismo, es el responsable ante las autoridades y la comunidad de que las actividades del aprovechamiento forestal se hagan sobre lo que establecen las normas legales.

El monitoreo forestal se concentra en el área Este del país, comarcas Emberá Wounnan, Wargandí, Guna de Madungandí, Chepo, aunque las autoridades no descartan expandirlo.

El sistema inicialmente fue elaborado con un aporte económico de la Organización Internacional de Maderas Tropicales y el Fondo Mundial de Vida Silvestre (WWF), mientras que las comunidades invierten en la compra de los dispositivos de $0.50 a $0.75, parte de los cuales ya son confeccionados en Panamá. Así mismo, el mantenimiento sale de los fondos de funcionamiento del Ministerio de Ambiente.

Castillo reiteró que todo el proceso está sustentado en la Resolución N° DM-0068 - 2018 mediante la cual se establece el Sistema de Trazabilidad de Ambiente y modifica la resolución JD-05 98 que reglamenta la Ley 1 (Ley forestal) de 1994.

El impacto positivo que tiene este sistema, que consta de dos modalidades, bosques y madera sumergidas y plantaciones y regeneración natural manejada, ha logrado reducir los delitos ambientales, sin embargo, reconocen que la actividad ilegal persiste en una muy pequeña escala.

La actividad ilegal se da a todo nivel de la industria, no obstante, con el sistema de trazabilidad y los convenios con los estamentos de seguridad ha disminuido significativamente, lo que imprime tranquilidad a las empresas y a las comunidades.

Entre los casos más comunes de aprovechamiento ilegal, se dan en especie de bálsamo en Darién y la comarca Emberá Wounnan, muchos de esto detectados en carretera.

Así también en el Parque Nacional Soberanía y Camino de Cruces con el aprovechamiento ilegal de cocobolo, mientras que en otras provincias se observan en especies de cedro, roble y corotú.

Por lo general, estos delitos los cometen pequeños grupos de dos a tres persona que no movilizan más de un metro cúbico que corresponden a unas 12 a 15 piezas de un árbol, explicó Castillo.

Hasta el pasado mes de mayo, el Ministerio Público registró un total de 15 denuncias por tala o destrucción de formaciones vegetales arbóreas o arbustico en áreas especiales.

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