Panamá pierde B/. 442 millones por privatización del INTEL
Publicado 2001/01/08 00:00:00
- Argentina/
El Estado panameño ha dejado de percibir en tres años 442 millones de balboas, luego de darse la privatización del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), convertido hoy en la transnacional Cables & Wireless, reveló un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (CIFE).
Según el CIFE, el Estado, luego de la privatización, sólo ha recibido 302 millones de balboas (en cuatro años) y 243.2 millones en los tres últimos años, que incluyen la utilidad generada, un impuesto estimado y los intereses generados con el Fondo Fiduciario.
Precisa el informe que el monto a recibir sin la privatización hubiese sido de 215 millones balboas en 1998; 225 millones en 1999, y 245 millones en el 2000; haciendo un total de 685 millones de balboas, a diferencia de lo recibido en esos tres años, 75.2 millones de balboas en 1998; 80 millones en 1999 y 88 millones en el 2000; para un total de 243.2 millones.
Esto, según el CIFE, arroja un estimado dejado de percibir de 139.8 millones de dólares en 1998, 145 millones en 1999 y 157 millones en el 2000; para un total de 441. 8 millones de balboas.
El CIFE, que rechaza la nueva tarifa impuesta por la empresa telefónica Cable & Wireless, recalca que con esto impera sutilmente un elemento esbozado en el programa de gobierno del expresidente Ernesto Pérez Balladares y que será aplicado por la administración de la mandataria Mireya Moscoso, "es el hecho de que las ganancias, producto de las altas tarifas, la absorbe el gobierno central para favorecer al fisco, con lo cual se perjudica a todos los usuarios".
Según el cuerpo de investigadores, el nuevo aumento le va a representar al gobierno en concepto de utilidad e impuestos, ingresos adicionales de 50 millones de balboas anuales.
El CIFE presenta también una propuesta al gobierno y a los trabajadores para contrarrestar el reciente alza de tarifas establecida por Cable & Wireless, en donde como poseedores del 51% de las acciones de la compañía, puedan establecer un subsidio con la parte de las utilidades que recibirán con este aumento de la tarifa, "como ejemplo de solidaridad con el pueblo panameño".
Proponen también que el gobierno nacional establezca, como parte de la reforma tributaria, un impuesto al Sistema de Comunicación sobre las ganancias de la compañía Cable & Wireless y las empresas de telefonía celular. "Estas últimas generan ingresos por más de 300 millones de balboas anuales, que salen de la economía panameña a otras economías. Este impuesto sería directo, por lo que no significaría mayor empobrecimiento del panameño".
Plantean además la creación de una ley en que el Estado sea accionista hasta en un 40% de las nuevas empresas telefónicas que se instalen desde 2003, en donde el 50% de las acciones se paguen con parte de las utilidades anuales que reciba el Estado panameño como accionista de estas empresas.
El otro 59% de las acciones del Estado surgen por el derecho que se otorgará por el uso del espacio de comunicación de la República de Panamá.
Según el CIFE, el Estado, luego de la privatización, sólo ha recibido 302 millones de balboas (en cuatro años) y 243.2 millones en los tres últimos años, que incluyen la utilidad generada, un impuesto estimado y los intereses generados con el Fondo Fiduciario.
Precisa el informe que el monto a recibir sin la privatización hubiese sido de 215 millones balboas en 1998; 225 millones en 1999, y 245 millones en el 2000; haciendo un total de 685 millones de balboas, a diferencia de lo recibido en esos tres años, 75.2 millones de balboas en 1998; 80 millones en 1999 y 88 millones en el 2000; para un total de 243.2 millones.
Esto, según el CIFE, arroja un estimado dejado de percibir de 139.8 millones de dólares en 1998, 145 millones en 1999 y 157 millones en el 2000; para un total de 441. 8 millones de balboas.
El CIFE, que rechaza la nueva tarifa impuesta por la empresa telefónica Cable & Wireless, recalca que con esto impera sutilmente un elemento esbozado en el programa de gobierno del expresidente Ernesto Pérez Balladares y que será aplicado por la administración de la mandataria Mireya Moscoso, "es el hecho de que las ganancias, producto de las altas tarifas, la absorbe el gobierno central para favorecer al fisco, con lo cual se perjudica a todos los usuarios".
Según el cuerpo de investigadores, el nuevo aumento le va a representar al gobierno en concepto de utilidad e impuestos, ingresos adicionales de 50 millones de balboas anuales.
El CIFE presenta también una propuesta al gobierno y a los trabajadores para contrarrestar el reciente alza de tarifas establecida por Cable & Wireless, en donde como poseedores del 51% de las acciones de la compañía, puedan establecer un subsidio con la parte de las utilidades que recibirán con este aumento de la tarifa, "como ejemplo de solidaridad con el pueblo panameño".
Proponen también que el gobierno nacional establezca, como parte de la reforma tributaria, un impuesto al Sistema de Comunicación sobre las ganancias de la compañía Cable & Wireless y las empresas de telefonía celular. "Estas últimas generan ingresos por más de 300 millones de balboas anuales, que salen de la economía panameña a otras economías. Este impuesto sería directo, por lo que no significaría mayor empobrecimiento del panameño".
Plantean además la creación de una ley en que el Estado sea accionista hasta en un 40% de las nuevas empresas telefónicas que se instalen desde 2003, en donde el 50% de las acciones se paguen con parte de las utilidades anuales que reciba el Estado panameño como accionista de estas empresas.
El otro 59% de las acciones del Estado surgen por el derecho que se otorgará por el uso del espacio de comunicación de la República de Panamá.
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