Por las tierras, la vida

Las sesiones del pleno legislativo concluyeron. El proyecto de ley de tierras colectivas no fue aprobado, al menos en este periodo, sin embargo, sus propulsores, los indígenas emberá - wounaán, no pretenden ceder en su lucha. “Seguiremos insistiendo para que se reconozcan nuestros derechos”.
Al calor de las discusiones recientes, negros, campesinos e indios se enfrentaron y las advertencias de “derramamiento de sangre” en defensa de las tierras de Darién, se dejaron sentir.
No obstante, el cacique general de tierras colectivas, Clementino Verrugate, no concibe una lucha con sus “hermanos negros”. Y es que según dice, “el negro y el indio han convivido desde siempre en estas tierras sin mayores problemas”.
Por su parte, la legisladora darienita defensora de la etnia negra, Haydée Milanés de Lay, tiene otro concepto. En entrevista con El Panamá América indicó que “los indígenas quieren acabar con la provincia”.
Insistió en que si los “indios pidieron comarca y área exclusiva, es allá donde debieran estar, el resto de la provincia es para los no indígenas, de lo contrario qué será de Darién”.
La aprobación, en 1983, de la ley de la comarca emberá - wounaán trajo consigo la segregación de comunidades de la etnia, que al no formar parte de ésta, “quedaron desamparadas jurídicamente”, recordó el asesor legar de la Fundación Dobo Yala, Alexis Alvarado.
Es así como surge la organización indígena de tierra colectiva, pero en el camino “el espíritu del proyecto de ley propuesto por ellos se perdió. La desinformación generó conflictos”, consideró el abogado.
Los indígenas acusan directamente a la legisladora darienita Haydé Milanés de Lay de la suerte que puedan correr sus dirigentes. Así lo reiteraron a El Panamá América en la apartada comunidad emberá de Mogue, a varias horas de La Palma, cabecera de la provincia, durante un congreso local.
222 “Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
Sin embargo, para Milanés y su grupo el asunto es el resultado “de la intransigencia de los indios y su ansias de más tierras”.
La reciente presentación del proyecto de ley de tierras colectivas propuesto por los indígenas de la región, caldeó los ánimos. Negros y campesinos no escondieron su descontento y desde entonces, pese a la conclusión del periodo legislativo en el que se le dio el sí en primer debate, las aguas no han vuelto a su cauce.

Así lo entiende la legisladora Haydé Milanés de Lay. Ella no dudó en ponerse a disposición de El Panamá América para tratar el tema de tierras colectivas. Y es que para ella es más que mera discusión, es una posición de rechazo inquebrantable. “Esto no tiene nada que ver con política, es defender lo que nos corresponde a toda costa”.
A su juicio, la discusión adquiere otro matiz desde el 8 de febrero del 2001. “Ese día la directora de Política Indigenista nos informó en La Palma que el resuelto ministerial sobre tierras colectivas sería ley de la República entre marzo y abril de ese año”.


Se movilizaron de inmediato. Su inquietud los llevó hasta el Ministerio de Gobierno y Justicia. El titular de aquel entonces, Winston Spadafora, accedió a la conformación de una comisión de todos los grupos: indígenas, interioranos y negros.
Sorpresivamente, poco después de esta decisión, los emberá – wounaán retiran el proyecto del Ministerio de Gobierno y lo llevan a la comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa, añade Milanés.
“Desde aquella época hemos pedido reuniones y la presidencia de la comisión ha falseado la información haciendo creer que han convocado encuentros, lo que no es cierto”.
Se le acusa de instigadora, pero para Milanés sus motivos para oponerse son claros. “Los hermanos emberá y wounaán no tienen argumento de sustentación para pedir tierras colectivas segregadas de la provincia del Darién o en ella porque ellos ya pidieron una comarca con exceso de territorio que se les dio de manera inconsulta”.
La negativa del grupo que preside radica sobre todo en el hecho de que se quiera hacer ver que no se trata de creación de comarcas, lo que para ellos “es equivalente sólo que con otro nombre: tierra colectiva”.
A este respecto, el asesor legar de la Fundación Dobo Yala, Alexis Alvarado aclaró en su momento a El Panamá América que no “estamos solicitando más tierras, sólo requerimos los títulos de propiedad de los territorios habitados históricamente por nuestra gente”.
“La ley que proponemos no segrega tierras de Darién ni de los municipios actuales, tampoco se crean nuevos corregimientos, es simplemente titular colectivamente y estar sujetos al régimen municipal”, subrayó Alvarado.
Milanés, en tanto, no claudica. “Por qué pidieron una comarca con el argumento de que todos estarían en un área geográfica y territorial exclusiva para preservar su todo; cultura, costumbres, bailes, idiomas”... cuestiona.
Subraya además que no se justifica que luego de segregadas estas tierras, en 1983, un grupo no estén dentro de ella. “Solicitaron una comarca, se les dio y ahora siguen viviendo fuera de ésta”.
Para la legisladora se mencionan 52 pueblos para comunidades indígenas, aduciendo que son éstos los que quedaron fuera, sin embargo, para ella no son más que “52 comarcas, pues el régimen que plantea el proyecto es estrictamente comarcal sin una estructura geopolítica y administrativa definida”.
En términos numéricos Milanés de Lay sostiene que del 16% adjudicable para la provincia, los indígenas que discuten tierras colectivas adquirirían un 10%, porque el 84% del territorio del Darién es área protegida y dentro de este porcentaje se incluyen las Comarcas Emberá – Wounaán y la kuna de Wargandi, restándonos únicamente el “6%, siendo una mayoría abismal los no indígenas”.
Según dijo, de los más de 4 mil 200 kilómetros que componen las tierras comarcales, un 97% está “baldío, desocupado... ocioso”.
Desde su punto de vista “chiricanos, santeños, veragüenses, no podrían venir a estas tierras ocupadas por los indios a trabajarlas pero ellos sí pueden hacerlo en estas provincias”.
“Nuestra propuesta”, resume Milanés, “es que la comarca es para los emberá – wounaán y la provincia de Darién para los no indígenas”.
El campesino Ramiro Barrios, representante de los interioranos de Darién, también está dispuesto para la lucha. “Somos más de 40 mil no indígenas que necesitamos esos terrenos, ellos tienen comarcas con exceso de tierra y son sólo unos 8 mil, para qué quieren más”.
Además, indica Barrios, radicado en Santa Fe desde 1995, “el presupuesto para los indígenas es sólo para ellos, el de los no indígenas es para el negro, el campesino y también el indio. Salen doblemente favorecidos en todo”.
¿Y qué hay de la tala?, preguntamos y Barrios admite: “sí, lo aceptamos, pero lo hacemos porque no se nos enseñó otra cosa. Es por necesidad, aunque el indígena tala la madera con aprobación de las autoridades”.
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.

“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.

Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.