Presentan nulidad a recorte del Seguro Social
Publicado 2002/10/17 23:00:00
- Tomado de Internet
La Federación Nacional de Empleados Públicos (FENASEP) presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra la resolución No. 32500-200-J-D por la cual se aplica un recorte de B/.63.5 millones al Presupuesto de la Caja de Seguro Social (CSS).
Dentro de la citada resolución también se impugna la designación de la Comisión de Presupuesto para que recomiende la inclusión de un parágrafo al artículo 163 del proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2003, en donde se indica que la CSS ampliará sus gastos de funcionamiento por B/.63 millones durante el año 2003 por vía del procedimiento de créditos extraordinarios.
El recurso establece que la citada resolución emitida por la CSS infringe la Ley Orgánica de esa institución, en donde se establece que el presupuesto para el año siguiente se presentará a más tardar el 15 de agosto de cada año, el cual será remitido oportunamente al Organo Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General del Estado.
Asegura que en este caso la violación es directa, tras establecerse que la resolución se emitió el 9 de octubre pasado y no el 15 de agosto como lo señala la Ley Orgánica de la CSS. Es decir, casi dos meses después.
Además, establece que la actuación de la Junta Directiva de la CSS contenida en la resolución impugnada es contraria al cumplimiento de los fines de la institución, toda vez que va encaminada a disminuir el presupuesto aprobado previamente y enviado al Organo Ejecutivo.
También señala que es público y notorio que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa un presupuesto de la CSS de B/.1,061.1 millones, es decir B/.224.4 millones aprobados por la Junta Directiva de esa institución de seguridad social.
Detalla que esto implica el no pago de cambio de categoría a 2,254 funcionarios, el no pagar aumentos salariales pactados y cerrar centros de atención, promoción de salud en por lo menos 21 comunidades.
A su vez la demanda plantea que este recorte presupuestario significaría reducir el horario de atención en las policlínicas y reducir al 50% los aportes de salud recibidos por los asegurados en los centros de atención médica del Estado.
Dentro de la citada resolución también se impugna la designación de la Comisión de Presupuesto para que recomiende la inclusión de un parágrafo al artículo 163 del proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2003, en donde se indica que la CSS ampliará sus gastos de funcionamiento por B/.63 millones durante el año 2003 por vía del procedimiento de créditos extraordinarios.
El recurso establece que la citada resolución emitida por la CSS infringe la Ley Orgánica de esa institución, en donde se establece que el presupuesto para el año siguiente se presentará a más tardar el 15 de agosto de cada año, el cual será remitido oportunamente al Organo Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General del Estado.
Asegura que en este caso la violación es directa, tras establecerse que la resolución se emitió el 9 de octubre pasado y no el 15 de agosto como lo señala la Ley Orgánica de la CSS. Es decir, casi dos meses después.
Además, establece que la actuación de la Junta Directiva de la CSS contenida en la resolución impugnada es contraria al cumplimiento de los fines de la institución, toda vez que va encaminada a disminuir el presupuesto aprobado previamente y enviado al Organo Ejecutivo.
También señala que es público y notorio que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa un presupuesto de la CSS de B/.1,061.1 millones, es decir B/.224.4 millones aprobados por la Junta Directiva de esa institución de seguridad social.
Detalla que esto implica el no pago de cambio de categoría a 2,254 funcionarios, el no pagar aumentos salariales pactados y cerrar centros de atención, promoción de salud en por lo menos 21 comunidades.
A su vez la demanda plantea que este recorte presupuestario significaría reducir el horario de atención en las policlínicas y reducir al 50% los aportes de salud recibidos por los asegurados en los centros de atención médica del Estado.
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