Consejo de Gabinete aprueba reformas a la legislación penal para endurecer penas a los promotores del precarismo
Prisión para los invasores de tierras
La sanción para los promotores de las invasiones de tierras privadas o públicas será de seis a ocho años de cárcel.
Invasiones
1960- fue la década en que la invasión de tierra comenzó a darse en forma masiva en el país.
- mil viviendas era el déficit habitacional a inicios del actual gobierno.
Las sanciones contra los invasores de tierra serán endurecidas, luego de que el Consejo de Gabinete aprobara anoche una reforma al Código Penal para incrementar el castigo contra estas personas.
La propuesta establece prisión de seis a ocho años contra todo aquel que promueva, induzca, financie, facilite, colabore o permita la invasión de terrenos o edificaciones, u organice una parcelación, lotificación, división, urbanización o construcción de viviendas en terrenos privados o estatales, sin la debida autorización del propietario o autoridad competente.
La sanción se aumentará a la mitad si la parcelación, lotificación, división, urbanización o construcción de viviendas se efectúa en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, áreas protegidas, reserva para la construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales.
Actualmente, nuestra legislación sanciona con prisión de dos a cuatro años a quien se apropie, en todo o en parte, de un bien inmueble que pertenece a otro o para sacar provecho de él.
También dispone la propuesta que todo servidor público con mando y jurisdicción que avale o incite las invasiones de terreno o edificaciones de propiedad privada o estatal, o que se abstenga de realizar los lanzamientos a los que haya lugar; cumplido el debido proceso será castigado con prisión de seis a ocho años.
Sobre esta materia, el Código Penal vigente solo sanciona al servidor público que haya aprobado proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarios a las normas de ordenamiento territorial o a las normas urbanísticas vigentes, con prisión de cuatro a seis años.
La iniciativa fue presentada y sustentada por el ministro de Vivienda, José Domingo Arias.
Bomberos
En tanto, en el Consejo de Gabinete también se aprobó un proyecto para que el fideicomiso que mantiene el Cuerpo de Bomberos de Panamá en el Banco Nacional sea utilizado exclusivamente para inversiones de la institución, y que bajo ningún concepto se usen para gastos de funcionamiento.
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