PANAMÁ
Según las estadísticas del Ministerio Público, hasta agosto de 2026 hay alrededor de 80 mujeres desaparecidas, entre las que se encuentran 15 menores de edad.
Las participantes hicieron un llamado a las autoridades y a la sociedad para que cada caso sea denunciado de inmediato sin esperar horas o días para activar los protocolos de búsqueda. Foto. Melquíades Vásquez
La desaparición de mujeres continúa encendiendo las alarmas en distintos países de América Latina y el Caribe, donde organizaciones advierten sobre persistentes vacíos en materia de prevención, investigación y protección para las víctimas.
Durante el fin de semana, más de 200 mujeres procedentes de Panamá, México, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Chile, Argentina y otras naciones participaron en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, en una jornada de capacitación y en el lanzamiento formal del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Desaparecidas.
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La actividad estuvo encabezada por Arelis González, presidenta del Frente Femenino del PRD, y Delmira Martínez, presidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL Mujeres), quienes recalcaron la urgencia de fortalecer las acciones estatales frente a la desaparición de mujeres.
Las participantes hicieron un llamado a las autoridades y a la sociedad para que cada caso sea denunciado de inmediato sin esperar horas o días para activar los protocolos de búsqueda.
“Una mujer desaparecida no puede convertirse en una estadística más”, fue el planteamiento central del encuentro, donde se enfatizó la necesidad de brindar acompañamiento integral a las familias afectadas.
Panamá registra unos 80 casos de mujeres desaparecidas
En el plano nacional, las estadísticas expuestas en la jornada detallan que el Ministerio Público contabiliza hasta agosto de 2026 alrededor de 80 mujeres desaparecidas, entre las que se encuentran 15 menores de edad.
Estas cifras sustentaron el llamado de atención sobre la urgencia de reforzar las investigaciones y establecer mecanismos eficaces de búsqueda y seguimiento.
El nuevo observatorio pretende convertirse en una plataforma de referencia para documentar casos, impulsar investigaciones sobre la relación con hechos de violencia y promover el desarrollo de políticas públicas.
Las dirigentes insisten en que este flagelo exige responsabilidad colectiva y solidaridad hacia las familias que, en muchos casos, deben emprender las labores de rastreo por cuenta propia. Desde Santiago se envió un mensaje contundente: ninguna desaparición debe quedar sumida en el silencio.
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