Procuraduría de la Administración, asesora jurídica por excelencia

La función de Asesoría y Consultoría Jurídica de la Procuraduría de la Administración emana de la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el Código Judicial, que la convierte en la Asesora y Consejera Jurídica por excelencia, de los funcionarios que deban aplicar la ley.
Esta función tiene entre sus fines primordiales, lograr que los funcionarios administrativos adecuen su actuación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como a los procedimientos en ellas establecidos.
Las consultas que se elevan a la Procuraduría por las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de entidades autónomas y semiautónomas, deben referirse a la interpretación de la ley o al procedimiento a seguir en un determinado asunto.
La Procuraduría de la Administración fundamenta sus opiniones en la Constitución Política, las leyes, decretos, resoluciones, doctrinas y jurisprudencia nacional, que le sirven de soporte para el análisis y examen jurídico del problema sometido a su consideración.
El criterio que emite este despacho también sirve para aclarar las discrepancias entre dos o más instituciones del Estado, en conflicto en asuntos de interés común. Toda consulta o asesoría debe cumplir con una serie de requisitos, se deben acompañar del criterio del Departamento de Asesoría Legal de la institución correspondiente. Se exceptúan aquellas instituciones que carecen de dicho departamento.
Esta función de asesoría y consejería jurídica a los servidores públicos ha servido de guía, para fortalecer la eficiencia de la administración pública en general y la credibilidad en el estado de derecho. La Procuraduría amplia su función asesora y de consulta, a través de seminarios de capacitación a las entidades como una forma de orientar, prevenir dificultades en la aplicación de la legislación panameña y fortalecer la institucionalidad.
El aumento de las consultas y asesorías absueltas por este despacho en los últimos años, confirma la preocupación de los servidores en ejercer su labor ajustada a la legalidad.