Proponen programa de emergencia nacional
Publicado 2000/06/10 23:00:00
- Isabel Díaz
La determinación de un programa social-económico de emergencia nacional, para la consolidación de la democracia, que incluya el retiro de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley para el uso del Fondo Fiduciario y la necesidad de realizar reformas a la Constitución Nacional, plantearon los abogados Ramiro y Silvio Guerra Morales en una carta patriótica dirigida a la presidenta Mireya Moscoso.
En la misiva enviada a la presidenta Moscoso, al representante de la iglesia Católica, monseñor Dimas Cedeño; a los rectores de la Universidad de Panamá y Santa María La Antigua; al presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido y a directivos de diferentes colectivos políticos, los hermanos Guerra resaltan que los problemas del país no se reducen solamente a lo económico, sino que alcanzan a todo el mundo de la superestructura jurídico-política y la iniciativa tiene que provenir de la Presidenta porque es el órgano de poder que dispone de los elementos para así proceder.
Sugieren a la Presidenta la necesidad de propiciar las condiciones y factores que posibiliten un escenario concertacional de carácter tripartito: gobierno-trabajadores y empresarios que estén dispuestos aportar ideas para enfrentar la potencial bomba social que amenaza con menguar al Estado y la población.
Como un aporte para contribuir a solucionar esta crisis los hermanos Guerra solicitan a la mandataria retire de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que tiene que ver con el Fondo Fiduciario porque es un tema subalterno al diseño de una alternativa macroeconómica de desarrollo nacional. Agregan que los asesores económicos no se atreverán a desdeñar esta afirmación.
Recuerdan a la Presidenta cumplir la promesa electoral de nombrar una comisión que elabore lo que sería un borrador de proyecto de Constitución Nacional que apunte hacia la constitución de un Estado de derecho social y democrático porque la actual ha quedado desfasada y toda mora en las reformas darían lugar a un clima de inseguridad peligroso para la paz y tranquilidad del país.
Los abogados dejan sentada su preocupación por la crítica situación económica, política y social por la cual atraviesa la nación y la inmensa mayoría de los panameños, que para enfrentarla requiere una serie de medidas inminentes, inmediatas y audaces.
Advierten que el estado de pobreza en que se encuentran alrededor de 500 mil personas, quienes tienen un ingreso de un balboa diario y otros a B/. 1.28, amenaza con sembrar el caos, la zozobra y la incertidumbre nacional en desmedro de esas grandes mayorías sociales.
Señalan que por ese tétrico panorama "ya comienzan a evidenciarse aspectos o realidades de esta problemática" y que no deberá sorprender las protestas, exigiendo cambios y reformas, entorno que no facilitaría generar la posibilidad de consensuar criterios y sugerencias para un en entendimiento nacional.
Para los juristas esta crisis se ve agravada por la supervivencia de una institucionalidad jurídico-política que ha quedado anquilosada y rezagada ante los nuevos retos y cambios suscitados como consecuencia de una permanente evolución en el campo de la ciencia, tecnología, economía, el surgimiento de los nuevos modelos y mercados económicos que se convierten en un muro de contención que no facilita la ampliación y consolidación de la democracia panameña.
Los hermanos Guerra plantean que el actual sistema partidocrático y viciado por la inoperabilidad de sus postulados, programas e instituciones, imposibilita un debate abierto con participación de la sociedad civil, situación que frustra todo entendimiento o diálogo social, toma de decisiones y margina al país de un verdadero consenso social.
En la carta, los hermanos Guerra también abordan la crisis que afronta la administración de justicia específicamente el Organo Legislativo el cual consideran requiere de ajustes profundos que permitan un cambio constitucional en la cosa pública y política.
Cierran la carta patriótica convidando a la Presidenta a caminar hacia la elaboración de una estrategia económica consensuada porque la patria así lo demanda y exige.
En la misiva enviada a la presidenta Moscoso, al representante de la iglesia Católica, monseñor Dimas Cedeño; a los rectores de la Universidad de Panamá y Santa María La Antigua; al presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido y a directivos de diferentes colectivos políticos, los hermanos Guerra resaltan que los problemas del país no se reducen solamente a lo económico, sino que alcanzan a todo el mundo de la superestructura jurídico-política y la iniciativa tiene que provenir de la Presidenta porque es el órgano de poder que dispone de los elementos para así proceder.
Sugieren a la Presidenta la necesidad de propiciar las condiciones y factores que posibiliten un escenario concertacional de carácter tripartito: gobierno-trabajadores y empresarios que estén dispuestos aportar ideas para enfrentar la potencial bomba social que amenaza con menguar al Estado y la población.
Como un aporte para contribuir a solucionar esta crisis los hermanos Guerra solicitan a la mandataria retire de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que tiene que ver con el Fondo Fiduciario porque es un tema subalterno al diseño de una alternativa macroeconómica de desarrollo nacional. Agregan que los asesores económicos no se atreverán a desdeñar esta afirmación.
Recuerdan a la Presidenta cumplir la promesa electoral de nombrar una comisión que elabore lo que sería un borrador de proyecto de Constitución Nacional que apunte hacia la constitución de un Estado de derecho social y democrático porque la actual ha quedado desfasada y toda mora en las reformas darían lugar a un clima de inseguridad peligroso para la paz y tranquilidad del país.
Los abogados dejan sentada su preocupación por la crítica situación económica, política y social por la cual atraviesa la nación y la inmensa mayoría de los panameños, que para enfrentarla requiere una serie de medidas inminentes, inmediatas y audaces.
Advierten que el estado de pobreza en que se encuentran alrededor de 500 mil personas, quienes tienen un ingreso de un balboa diario y otros a B/. 1.28, amenaza con sembrar el caos, la zozobra y la incertidumbre nacional en desmedro de esas grandes mayorías sociales.
Señalan que por ese tétrico panorama "ya comienzan a evidenciarse aspectos o realidades de esta problemática" y que no deberá sorprender las protestas, exigiendo cambios y reformas, entorno que no facilitaría generar la posibilidad de consensuar criterios y sugerencias para un en entendimiento nacional.
Para los juristas esta crisis se ve agravada por la supervivencia de una institucionalidad jurídico-política que ha quedado anquilosada y rezagada ante los nuevos retos y cambios suscitados como consecuencia de una permanente evolución en el campo de la ciencia, tecnología, economía, el surgimiento de los nuevos modelos y mercados económicos que se convierten en un muro de contención que no facilita la ampliación y consolidación de la democracia panameña.
Los hermanos Guerra plantean que el actual sistema partidocrático y viciado por la inoperabilidad de sus postulados, programas e instituciones, imposibilita un debate abierto con participación de la sociedad civil, situación que frustra todo entendimiento o diálogo social, toma de decisiones y margina al país de un verdadero consenso social.
En la carta, los hermanos Guerra también abordan la crisis que afronta la administración de justicia específicamente el Organo Legislativo el cual consideran requiere de ajustes profundos que permitan un cambio constitucional en la cosa pública y política.
Cierran la carta patriótica convidando a la Presidenta a caminar hacia la elaboración de una estrategia económica consensuada porque la patria así lo demanda y exige.
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