Acciones de las minorías podrían incrementar los niveles de pobreza

Las protestas y cierres de calles de los docentes, trabajadores de la construcción y bananeros podrían incrementar los niveles de pobreza general y extrema en el país, afirmó la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en una entrevista exclusiva con Panamá América.

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la pobreza general se ubica en 21.7%, y la pobreza extrema en 9.6%, cifras que podrían aumentar a causa de la inestabilidad que se vive en el país actualmente.

El estudio de la Dirección de Análisis Económico y Social del MEF revela que alrededor de 987,652 panameños viven en pobreza, mientras que, unos 435,520 padecen pobreza extrema, es decir, 1 de cada 5 panameños es vulnerable. 

Los panameños que se ubican entre los 0 y 24 años, son los más afectados por este fenómeno, edades donde precisamente se encuentran en su etapa educativa, por lo tanto, los aprendizajes que adquieran durante este periodo y su estilo de vida tendrán incidencia en su futuro laboral, económico y social. 

La titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lamentó que los educadores estén sacrificando a los jóvenes, sabiendo que la ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) no tiene incidencia en sus jubilaciones porque se benefician de normativas especiales. 

Mencionó que estas paralizaciones afianzarán las diferencias educativas y de oportunidades entre el sector público y privado, ocasionando que la tasa de población vulnerable y desempleada crezca considerablemente. 

Carles considera que la sociedad no puede permitir que las minorías perjudiquen el derecho de los más de 10,000 estudiantes a nivel nacional cuando hay maneras de protestar cívicamente sin afectar a terceros, por ejemplo, durante horarios no laborales u horas de almuerzo. 

A inicios de esta semana, los padres de familia y estudiantes del Colegio Harmodio Arias Madrid, ubicado en Chame, provincia de Panamá Oeste, solicitaron a las autoridades educativas retomar las clases para evitar más daños a su preparación profesional. 

Los alumnos de duodécimo grado están preocupados porque la paralización de labores ha impedido que cumplan con las horas de labor, requisito obligatorio para graduarse, por ello, solicitaron respetuosamente a los docentes cumplir con su derecho a la educación y regresar a las aulas, pues temen perder el año escolar.

Por su parte, los padres de familia manifestaron que entienden la posición de los docentes y se les respeta que quieran protestar por lo que consideran “injusto”, sin embargo, deben pensar en el daño que sus acciones le están causando a los estudiantes. 

Los acudientes convocaron a asambleas distritales y provinciales para tomar una decisión sobre el futuro de sus hijos, pues señalan que los docentes y directores se niegan a atenderlos pese a que los mismos asisten a los centros educativos. 

Las clases llevan más de un mes suspendidas.