El puente Van Dam son un poco de "hierros viejos" que reposan en Venezuela y que le serán devueltos a Panamá una vez se cancele la indemnización de unos B/.25 millones a la que fue condenado a pagar el Estado por incumplir el contrato firmado en 1980 con la empresa constructora de la obra.
Así respondió el ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, a los señalamientos formulados por el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares en el sentido de que el segundo puente sobre el Canal que se construiría en la década de los 80 (Van Dam), está listo en un 80% en Venezuela y su instalación costaría B/.60 millones, pero que el gobierno de Mireya Moscoso prefirió pagar la multa de B/.25 millones y construir uno nuevo por B/.300 millones.
De acuerdo con Quirós, los peritos nombrados por el tribunal arbitral determinaron que de los tableros metálicos para el piso de la obra tan sólo se cuenta con el 18.5% de su avance y las torres del puente están construidas en 44.5%.
"O el señor Pérez Balladares está mal asesorado, o es de una cari limpieza inaceptable", manifestó el ministro ante las acusaciones del ex mandatario.
El contrato original para la construcción del puente fue suscrito el 2 de octubre de 1980 por la suma de B/.100 millones, pero en 1983 el gobierno de la época le solicitó a la empresa venezolana-panameña, Van Dam-Sosa y Barbero, que suspendiera los trabajos, en medio de una serie de acusaciones de presunta malversación de fondos, que formuló la oposición de turno a los gobernantes.
En 1986, la empresa constructora presentó una solicitud de arbitraje y en mayo de 1999 un tribunal arbitral condenó a Panamá a pagar cerca de B/.25 millones en concepto de indemnización a la empresa.
El titular del MOP presentó ayer en conferencia de prensa unas fotografías tomadas a principios de la década de 1990 donde se muestra el estado de abandono en que se encuentran los aceros y hierros que se utilizarían para la construcción del puente sobre el Canal y que reposan en las ciudades venezolanas de La Victoria y Puerto Ordaz.
El ministro Quirós, interrogado sobre el por qué no se tienen fotos más recientes sobre las supuestas chatarras, respondió que se ha comunicado con la Embajada de Panamá en Venezuela para obtenerlas, pero señaló que "no tenemos ninguna razón para pensar que estén en mejor estado del que estamos presentado."
Dijo que el Gobierno no ha decidido qué hacer con los "hierros viejos" del Van Dam que le pertenecerán una vez Panamá pague al consorcio. El puente Van Dam que se construiría sobre la esclusas de Miraflores, tendría 1 kilómetro y medio de largo y sería colgante. Contaría con cuatro carriles y sería construido con acero resistente a la corrosión.
Según Quirós, si se pretendiera instalar el Van Dam, no costaría B/.60 millones al Estado, sino más de B/.150 millones, porque hay que agregarle los pagos que hizo el Estado al consorcio en 1983 por la suma de B/.30 millones, los B/.20 millones de la indemnización, además de los costos del financiamiento, el transporte y la viabilidad para poder utilizar unas piezas que han estado por más de 20 años a la intemperie.
222Investigaciones realizadas por El Panamá América revelan que en 1996, la procuradora Alma Montenegro de Fletcher recomendó renegociar el contrato entre la empresa constructora del puente Van Dam y el Estado.
El ministro también aclaró que el costo total del segundo puente sobre el Canal que actualmente se construye y sus dos autopistas de acceso, es de B/.188 millones y no de B/.300 millones como señaló Pérez Balladares. El Panamá América trató de localizar al ex mandatario Pérez Balladares para que respondiera a los señalamiento del titular del MOP, pero no respondió a las llamadas que se le hicieron.
No obstante, investigaciones realizadas por El Panamá América revelan que en 1996, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, recomendó renegociar el contrato entre la empresa constructora del puente Van Dam y el Estado, a fin de aprovechar los trabajos adelantados y se procediera a terminar la obra.
También, José Barbero, representante de Van-Dam Sosa y Barbero, propuso al Gobierno de esa época la posibilidad de reanudar la construcción del puente, además de construir la autopista de Arraiján a Panamá.
``Si el Gobierno tiene la voluntad de resolver esta situación, le podemos entregar una autopista entre Arraiján y el Corredor Norte, incluyendo un segundo puente sobre el Canal, a un costo aproximado de 100 millones de dólares", dijo Barbero al tratar de llegar a un acuerdo con el Estado a cambio de suspender la demanda por incumplimiento del contrato. El vicepresidente de turno, Tomás Gabriel Duque y el ministro de Vivienda, Francisco Sánchez Cárdenas, apoyaban la reanudación del contrato con Van Dam.


Pero, el mandatario de turno, Ernesto Pérez Balladares, rechazó reanudar el contrato con Van Dam, porque según expresó "me trae muy malas memorias". Pérez Balladares respondió que el gobierno ``no pagará nada"" al consorcio que inició esta construcción, si no existe un dictamen claro de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de Pérez Balladares fue respaldada en ese momento por su antecesor, Guillermo Endara, quien manifestó que "en realidad ese proyecto nos trae muy malas memorias a todos los panameños, porque se despilfarraron más de ocho millones y se entregaron a conocidos miembros del PRD"".
Pérez Balladares fungía como ministro de Hacienda y Tesoro para la firma del contrato en 1980, pero en 1995 la Corte Suprema de Justicia lo exoneró de cualquier responsabilidad. El ex mandatario Aristides Royo, y su vicepresidente Ricardo De La Espriella fueron investigados, pero nadie resultó culpable.
En 1983, cuando se ordenó la suspensión de los trabajos, a raíz del escándalo mayúsculo que envolvió a todo el proceso, el Gobierno había pagado al consorcio Van Dam más de B/.25 millones.
Pero en 1986, en vista de que las autoridades no decidían qué hacer, el consorcio presentó una solicitud de arbitraje, exigiendo la ejecución del contrato, así como el pago de las cuentas y otros compromisos. La oposición de la época aseguró que la obra fue suspendida debido a la malversación de los fondos y a un desfalco multimillonario.
Barbero dijo, al respecto, que siente que la suspensión se dio por razones políticas, ya que por la muerte de Omar Torrijos en 1981, se desataron en el gobierno una serie de disputas, y se intentó acabar con la imagen del difunto general. El puente era una de sus principales obras, y por eso la atacaron.