Punta Coco: fracasado Plan de Seguridad del Gobierno

Cuando el gobierno de Juan Carlos Varela abrió la isla penal de Punta Coco, lo hizo en función de ejecutar el Plan de Seguridad que se había prometido a la población durante la campaña.

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El argumento que sustentaron era que se iba a trasladar a los líderes de pandillas para reducir los casos de robos y homicidios que se ejecutaban por órdenes que aparentemente se daban desde las cárceles.

Han pasado cinco meses desde que se empezaron a dar los primeros traslados de detenidos a Punta Coco y los resultados en cuanto a la reducción de los delitos no han sido tan alentadores.

Los robos siguen teniendo altos índices de ocurrencia y en algunas regiones del país, los casos de homicidios son incontrolables.

Al menos eso es lo que dicen las lecturas de las más recientes estadísticas mostradas por las propias autoridades; eso sin contar que existe una cifra oculta de personas que son víctimas de atracos y prefieren no denunciar, por lo tanto, esos datos no se reflejan en las estadísticas, según reconociera recientemente el propio ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera.

El abogado Alejandro Pérez, exviceministro de Gobierno y Justicia, asegura que 7 de cada 10 personas que sufre un robo no lo reporta ante las autoridades porque consideran que es una pérdida de tiempo.

Mientras, Aguilera asegura que estas cifras ocultas son ubicadas por los resultados de las encuestas de victimización que realiza cada año la Cámara de Comercio e Industria.'

Abogados denuncian violación a los derechos humanos en Punta Coco

Pablo Quintero, miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, indicó que otro de los componentes en isla Punta Coco es la violación de los derechos humanos de los seis detenidos que allí están recluidos.

Dijo que hay casos de detenidos que presentan problemas de salud grave y pese a esto, fueron llevados al penal de Isla Coco, afectando su situación médica.

Este es el caso de Azael Ramos, quien pese a que presenta problemas en el páncreas era sometido a tomar agua de pozo.

Ahora Ramos permanece en el Hospital Santo Tomás y su madre pide que no sea trasladado nuevamente al penal por temor a que su vida corra peligro.

Rubén Jiménez es el abogado de Dangelo Ramírez, también detenido en Punta Coco, asegura que trasladarse al penal toma al menos cinco horas y la misma cantidad de tiempo para regresar, eso sin contar el riesgo que se corre durante el traslado por el largo tiempo del viaje en altamar.

 

Este año se presentó la tercera encuesta de victimización, que revela que el 19% de la población reconoce que ha sido víctima de algún tipo de delito, eso representa que la ocurrencia de delitos, principalmente los robos y hurtos, han crecido al doble, si analizamos que el año pasado, la encuesta indicaba que el 10% de la población reconocía que había sido víctima de atracos.

Opiniones

Por esta razón, abogados de los seis detenidos de la isla de Punta Coco se reunieron recientemente para expresar que la medida de implementar el lugar como un penal ha sido un fracaso en el Plan de Gobierno.

Porque pese a que estos detenidos considerados de alto perfil están allá en la cárcel, los casos de ejecuciones y robos a bancos y locales comerciales se siguen dando.

Martín Caicedo, abogado de Azael Ramos, uno de los detenidos en Punta Coco, indicó que el argumento de las autoridades de mantener abierta dicha isla penal se ha caído porque los asesinatos y robos siguen ocurriendo, “incluso en Chiriquí, la delincuencia ha crecido de manera dramática”, agregó.

Este punto de vista del jurista es compartido por el propio ministro Aguilera, quien asegura que no se entiende cómo en David, por ejemplo, los niveles de robos y homicidios siguen elevados, cuando allá se ha implementado el programa Barrios Seguros y se le ha dado todo el apoyo.

El politólogo Fernando Cebamanos considera que las autoridades están más pendientes a los casos que implican el componente mediático, lo cual a su juicio es incorrecto porque no se le presta la atención debida al ciudadano común.