Renta 5 sigue en pie
Publicado 2004/08/13 23:00:00
- Grisel Bethancourt
"urge la demolición", fue la razón primordial de la reubicación de más de una veintena de familias que residían en los populares Renta Cinco. El desalojo se dio, pero las estructuras siguen allí, después de más de 10 años de argumentaciones.
Ubicado en las calles 25 y 26 Este, entre las avenidas Justo Arosemena y México, en el corregimiento de Calidonia, este inmueble, propiedad de la Caja de Seguro Social (CSS), que data de hace 40 años, ha sido noticia en Panamá desde 1993, cuando el Ministerio de Vivienda ordenó su desalojo y demolición por "el peligro" que representaba el estado de sus estructuras.
Sólo hay que repasar las acciones de las autoridades para conocer la desidia que ha existido en este tema.
Más 10 años después de haberse ordenado su demolición, el inmueble sigue en pie, representando sus estructuras, un peligro para los transeúntes y un problema para las autoridades de la CSS.
Recientemente el alcalde de la capital, Juan Carlos Navarro, envió una carta al director de la CSS, Rolando Villalaz, para solicitarle que cumpla con la resolución de demolición del edificio.
En la nota, Navarro denuncia que el resto de las estructuras del edificio Renta Cinco se han convertido nuevamente en guarida de maleantes, drogadictos y personas de mal vivir.
Lo que señala el alcalde es respaldado por vecinos del lugar, quienes denuncian que la cerca que se construyó cuando se desalojaron a las familias del inmueble ha sido destruida por las personas de mal vivir que ocupan el inmueble.
Además de la basura que abunda en el inmueble, los vecinos se quejan de la inseguridad que significa pasar por el edificio, ya que "les puede caer un pedazo de losa de las viejas estructuras que a cada momento se derrumban". Ellos también temen ser asaltados por los maleantes que ahora habitan allí.
El alcalde insistió a las autoridades de la CSS que de no poder cumplir con la demolición, le traspase este bien con título de propiedad al Municipio de Panamá, para que esa entidad pueda efectuar la demolición.
Un vocero de la CSS indicó que el 6 de julio pasado se efectuó la tercera licitación para contratar a la empresa que se encargará de demoler el Renta Cinco.
Precisó que en la primera licitación la Contraloría objetó al ganador por lo oneroso del costo de los trabajos, mientras que en la segunda no se presentó ningún proponente.
Mientras que en el tercer acto público sólo asistió un interesado, a quien en primer lugar se le había adjudicado la obra de demolición, pero fue invalidada porque presentó estados financieros pertenecientes al 2002 y no así al 2003, como señala la ley, explicó el vocero.
Dijo que luego de haberse efectuado tres actos públicos, la CSS está en la disposición legal de efectuar una contratación directa.
Manifestó que la decisión sobre la demolición será tomada por el nuevo director de la institución.
Si en la demolición ha existido desidia de las autoridades, en el desalojo y reubicación de las familias que ocupaban el lugar, tampoco ha faltado.
Unas 70 familias fueron desalojadas el 5 de julio del 2002, en medio de un choque entre residentes y miembros de la Policía Nacional, que efectuaron el desalojo por orden de la CSS.
A pesar de que se advirtió que primero había que reubicar a las familias que allí vivían, las autoridades no cumplieron y procedieron a sacar a niños, mujeres y hombres del inmueble.
Luego de varios meses de vivir en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, lugar donde fueron reubicados después del desalojo, cerca de 100 personas, 70 niños y 30 adultos, han tenido que buscar solución por cuenta propia y otros fueron recogidos por familiares.
Las promesas de las autoridades quedaron en el olvido.
Ubicado en las calles 25 y 26 Este, entre las avenidas Justo Arosemena y México, en el corregimiento de Calidonia, este inmueble, propiedad de la Caja de Seguro Social (CSS), que data de hace 40 años, ha sido noticia en Panamá desde 1993, cuando el Ministerio de Vivienda ordenó su desalojo y demolición por "el peligro" que representaba el estado de sus estructuras.
Sólo hay que repasar las acciones de las autoridades para conocer la desidia que ha existido en este tema.
Más 10 años después de haberse ordenado su demolición, el inmueble sigue en pie, representando sus estructuras, un peligro para los transeúntes y un problema para las autoridades de la CSS.
Recientemente el alcalde de la capital, Juan Carlos Navarro, envió una carta al director de la CSS, Rolando Villalaz, para solicitarle que cumpla con la resolución de demolición del edificio.
En la nota, Navarro denuncia que el resto de las estructuras del edificio Renta Cinco se han convertido nuevamente en guarida de maleantes, drogadictos y personas de mal vivir.
Lo que señala el alcalde es respaldado por vecinos del lugar, quienes denuncian que la cerca que se construyó cuando se desalojaron a las familias del inmueble ha sido destruida por las personas de mal vivir que ocupan el inmueble.
Además de la basura que abunda en el inmueble, los vecinos se quejan de la inseguridad que significa pasar por el edificio, ya que "les puede caer un pedazo de losa de las viejas estructuras que a cada momento se derrumban". Ellos también temen ser asaltados por los maleantes que ahora habitan allí.
El alcalde insistió a las autoridades de la CSS que de no poder cumplir con la demolición, le traspase este bien con título de propiedad al Municipio de Panamá, para que esa entidad pueda efectuar la demolición.
Un vocero de la CSS indicó que el 6 de julio pasado se efectuó la tercera licitación para contratar a la empresa que se encargará de demoler el Renta Cinco.
Precisó que en la primera licitación la Contraloría objetó al ganador por lo oneroso del costo de los trabajos, mientras que en la segunda no se presentó ningún proponente.
Mientras que en el tercer acto público sólo asistió un interesado, a quien en primer lugar se le había adjudicado la obra de demolición, pero fue invalidada porque presentó estados financieros pertenecientes al 2002 y no así al 2003, como señala la ley, explicó el vocero.
Dijo que luego de haberse efectuado tres actos públicos, la CSS está en la disposición legal de efectuar una contratación directa.
Manifestó que la decisión sobre la demolición será tomada por el nuevo director de la institución.
Si en la demolición ha existido desidia de las autoridades, en el desalojo y reubicación de las familias que ocupaban el lugar, tampoco ha faltado.
Unas 70 familias fueron desalojadas el 5 de julio del 2002, en medio de un choque entre residentes y miembros de la Policía Nacional, que efectuaron el desalojo por orden de la CSS.
A pesar de que se advirtió que primero había que reubicar a las familias que allí vivían, las autoridades no cumplieron y procedieron a sacar a niños, mujeres y hombres del inmueble.
Luego de varios meses de vivir en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, lugar donde fueron reubicados después del desalojo, cerca de 100 personas, 70 niños y 30 adultos, han tenido que buscar solución por cuenta propia y otros fueron recogidos por familiares.
Las promesas de las autoridades quedaron en el olvido.
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