Solo una hidroeléctrica tiene impacto dentro de la comarca

En los últimos seis años la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ha aprobado 40 concesiones para la construcción de plantas hidroeléctricas en el país, pero solamente una de ellas tiene impacto dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.

Se trata del proyecto hidroeléctrico llamado Barro Blanco, cuyo embalse afectará aproximadamente 7 hectáreas de un área anexa de la comarca indígena, aunque las estructuras civiles están dentro del territorio de la provincia de Chiriquí, en el paso del río Tabasará en el sector de Tolé.

La hidroeléctrica está concesionada a la empresa Generadora del Istmo S.A., de capital hondureño, y está siendo construida por la empresa Panam Energy.

La obra debe estar terminada en septiembre de 2014, con una capacidad de generación de 28.8 megavatios, de acuerdo con el contrato de concesión.

La ASEP informó ayer que se encuentra evaluando el tema de las concesiones para hidroeléctricas, tras la polémica por las protestas de los grupos indígenas que se oponen a los proyectos.

“Actualmente nos encontramos en un proceso de evaluación de todas las solicitudes presentadas, para finalmente determinar los pasos a seguir, teniendo siempre presente todos los aspectos legales, económicos, ambientales y sociales”, señaló Zelmar Rodríguez, administradora de la ASEP.

El eje.

Chiriquí es la provincia que más concentra hidroeléctricas con 26 proyectos en construcción en diseño, principalmente en sus ríos: Chiriquí Viejo, Chico, Caldera y Chiriquí. La segunda provincia con más proyectos hidroeléctricos es Veraguas, con al menos 7 hidroeléctricas aprobadas.

También existe una hidroeléctrica en construcción en Portobelo, provincia de Colón, y otra en etapa de diseño en la provincia de Coclé.

A ello se suman 44 nuevas solicitudes para explotación y desarrollo hidroeléctrico, al menos 30 de ellas en Chiriquí. Ninguna aún ha sido aprobada.

El auge.

La fiebre por las hidroeléctricas se inició en el 2006, cuando el Gobierno de Martín Torrijos flexibilizó los trámites de concesión y entregó gratuitamente la mayoría de estos derechos. Esto atrajo al hombre más rico de la tierra, Carlos Slim; familias adineradas del país y hasta salieron beneficiados amigos y allegados del Gobierno de Torrijos.

En la administración de Torrijos se otorgaron 27 concesiones para hidroeléctricas, entre ellas Paso Ancho, que se entregó a favor de la empresa Hydro Power y José Guillermo Lewis Navarro, siendo en ese momento hermano del primer vicepresidente de la República, Samuel Lewis Navarro.

Casi para la misma fecha, la familia Kupnik-Lacayo, allegada de Torrijos, recibió otra concesión gratuita para una hidroeléctrica llamada Bajos del Totuma. Más tarde la concesión fue vendida al empresario Petter Stern.

Otra concesión que generó un problema legal fue la hidroeléctrica Bajo de Mina, adjudicada a la empresa Ideal S.A., del magnate mexicano Carlos Slim, luego de que se le anulara en un proceso administrativo a César Lisac.

En noviembre del 2010 la Corte Suprema de Justicia ordenó retornarle los derechos de esta concesión a Lisac. Ahora la ASEP resolvió pedir el rescate administrativo de la hidroeléctrica e indemnizar a Lisac.

Sin embargo, Slim se mantiene en el negocio con otra hidroeléctrica llamada Baitún, también otorgada en la administración de Torrijos.

Dentro de los grupos de familias locales que recibieron otras concesiones en el Gobierno de Torrijos también está la familia González Revilla, que con la empresa Panama Power Holding tiene cinco hidroeléctricas en construcción y diseño, y los Eleta, que con las empresa Electron Invesment y Café Eleta S.A. tienen otras tres concesiones en la provincia de Chiriquí.

Mientras que el exvicepresidente Felipe Alejandro Virzi y Gabriel Btesh recibieron una concesión en el río Tabasará el 10 de enero de 2008, durante la gestión de Torrijos.

En trámite aún, desde el 2006, se encuentra otro pedido de concesión de la empresa Reforestadora Cañazas S.A., empresa ligada al actual presidente Ricardo Martinelli. Esta concesión, aún en trámite, se ubica en el distrito de Cañazas, Veraguas y tendrá 9.5 megavatios de generación. Según la ASEP, este proyecto aún no ha pasado la etapa de observaciones del estudio de impacto ambiental.

Otra gestión.

La administradora de la ASEP dijo que en el Gobierno actual se han otorgado alrededor de 13 derechos de concesión para la explotación y desarrollo de proyectos hidroeléctricos a nivel nacional.

Rodríguez también señaló que en su gestión se han recibido alrededor de 12 solicitudes para explotar y desarrollar proyectos hidroeléctricos a nivel nacional, que aún están en estudio.

Demanda.

Las hidroeléctricas son rechazadas por los indígenas ngäbes y buglés y grupos ambientalistas radicales, pero en contraste existen sectores que las defienden bajo un manejo responsable.

Ayer la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá realizó un foro sobre el tema de las hidroeléctricas. En el mismo, el presidente del gremio, Federico Humbert, instó a todos los actores de la sociedad a promover un análisis amplio sobre el manejo responsable de las hidroeléctricas.

“Consideramos importante que se promuevan inversiones que permitan la construcción de nuevas plantas de fuentes renovables, como es el caso de las hidroeléctricas, que no requieren combustible para la generación de energía”, afirmó Humbert.

La Cámara de Comercio dijo ayer que aspira a que el tema de las hidroeléctricas sea consensuado y resuelto responsablemente sin presiones ni precondiciones.

“Estas plantas, al no requerir combustible para sus operaciones, evitan que se presenten aumentos significativos en la tarifa de electricidad para los consumidores y tienen un impacto menor en el medioambiente y, si son bien manejadas, tienen capacidad de ser respetuosas con las comunidades donde se desarrollan”, agregó el presidente del gremio.

Según datos oficiales de la ASEP, hoy el 54% de la electricidad en Panamá es generada por plantas hidroeléctricas y el otro 46% por plantas térmicas que utilizan combustible.

A pesar de que están aprobadas 40 concesiones de hidroeléctricas, técnicos afirmaron que aún así Panamá no logrará volúmenes suficientes para exportar energía, ya que la construcción de nuevos centros comerciales, grandes edificios con casinos y el desarrollo de los pueblos del interior del país, cubrirán la nueva oferta de energía que aportarán estas construcciones.

Solamente el centro comercial de Albrook demanda una capacidad máxima de energía de 18 megavatios, similar a una ciudad como Aguadulce, en Coclé.

La otra cara.

Las concesiones de hidroeléctricas otorgadas desde el 2006 están pactadas en contratos a 50 años prorrogable.

La reglamentación establecida por la ASEP en el Gobierno de Torrijos, le concesiona el uso del 90% de las aguas de los ríos donde se ubican, solo deja como reserva el 10% de las aguas para consumo humano, uso agrícola y el turismo.

Diálogo se reanuda hoy en la Asamblea 

El diálogo entre los grupos indígenas y el Gobierno, que busca consensuar la redacción del artículo 5 del proyecto de ley 415, se reanuda hoy en horas de las tarde.

La discusión del tema referente a la minería fue superado; sin embargo, el debate se trancó cuando se abordó la parte de las concesiones hidroeléctricas en la comarca, ya que los grupos indígenas también quieren incluir las áreas anexas. 

Por el momento circula una propuesta para que haga un referéndum para determinar si se cancelan o no dichas concesiones en esas áreas. 

Las protestas de los grupos indígenas comenzaron el pasado 31 de enero con el cierre de varios puntos de la vía Interamericana, que dejaron pérdidas por el orden de los 12 millones de dólares solo en la provincia de Chiriquí. 

El cierre de la vía provocó enfrentamientos con la Policía Nacional y dejó una persona fallecida.