Tica gana tras polémica postulación de Panamá

La jurista de Costa Rica, postulada por Panamá, Elizabeth Odio Benito, fue elegida como magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo adscrito a las Naciones Unidas, informó anoche el gobierno panameño.
La postulación de Odio Benito por el gobierno panameño causó protestas de los gremios de abogados locales, que la calificaron como un acto en desmedro de preclaros profesionales del derecho nacional.
La CPI fue creada a través del Estatuto de Roma, el 7 de julio de 2001, con sede en La Haya, Holanda, y su labor será sentar responsabilidades, incluso por parte de individuos, de violaciones contra derechos humanos. También juzgará a quienes fueren acusados de crímenes de guerra y delito de lesa humanidad.
El presidente del Instituto de Estudios Políticos Internacionales, Miguel Antonio Bernal señaló que con la elección de Odio Benito, Panamá perdió la oportunidad de estar representada en una instancia de esa naturaleza con un jurista nacional.
Indicó que quedará "el estigma" en el foro de abogados panameños de que se prefirió a una extranjera en vez de un nacional.
"Quedará sembrado el odio que esta señora Odio causó en el foro nacional al ser postulada por Panamá", denunció Bernal.
El Colegio Nacional de Abogados también manifestó su incomodidad por la postulación de Odio Benito por el gobierno nacional, debido al malestar que causó dentro del foro de profesionales del derecho su designación.
Odio Benito fue dos veces ministra de Justicia del Gobierno de Costa Rica (1978-1982 y 1990-1994), fue también segunda vicepresidenta de ese país y ministra del Ambiente de 1998 a 2002 .
Su labor en defensa de los derechos humanos abarca tanto los aspectos académicos de investigación y enseñanza, como las actividades de promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas en cualquier parte del mundo.
En setiembre de 1993 fue escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una de los once Jueces que integraron el Tribunal ad hoc creado ese año por el Consejo de Seguridad para juzgar los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia a partir de 1991.
Especialistas en el tema, como el ex embajador de Panamá en Estados Unidos, Eloy Alfaro, afirman que existía una gran desconfianza de que los países poderosos cumplan con la apertura y transparencia pactada.
Hay sospechas fundamentadas para pensar que algunos de los países desarrollados y poderosos no cumplirán con lo que se pacte, por lo que Panamá al igual que el resto de las naciones de la región firmarían un acuerdo parcial y no completo con este organismo.