Por lo menos 15 exmilitares que participaron de la dictadura de 21 años que vivió Panamá, han sido nombrados en el gobierno del presidente Martín Torrijos.
Entre las designaciones figuran miembros del Estado Mayor del depuesto general Manuel Antonio Noriega y allegados, e incluso miembros de los conocidos batallones de la dignidad.
Los exmilitares han sido colocados en puestos administrativos estratégicos, como embajadas, secretarías y miembros de la escolta presidencial.
Según Enrique Montenegro del Frente Nacional Contra la Corrupción, algunos de estos militares participaron en casos muy sonados, sin embargo, luego de 14 años espera que hayan cambiado y actúen en bien del país.
"Ojalá que ellos hayan recapacitado y cambien su línea, porque con algunos el país no tuvo buena experiencia", sostuvo Enrique Montenegro.
"Cuando ellos fueron militares actuaron de una manera determinada y mala, dieron mala imagen de su actuación pero esperamos que hayan aprendido su lección y actúen de otra manera por que estamos en democracia y no se puede tener actitudes de fuerza", sostuvo Montenegro.
Mientras el catedrático Miguel Antonio Bernal calificó la situación como muy delicada, ya que estos nombramientos ponen en riesgo la democracia .
"Principalmente la ausencia de criterio democráticos para tomar las decisiones y pareciera que el Ministro de Gobierno los está reclutando", sostuvo Bernal.
Mientras que la subsecretaria del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, defendió a los ex militares nombrados por el gobierno, señalando que son profesionales capaces de cumplir con una misión administrativa.
Calificó los comentarios de discriminatorios, pues desde hace 14 años, cuando ocurrió la invasión norteamericana, se retomó la democracia y se desechó el militarismo.
"Entonce porque vas a discriminar algunas personas sólo por que tienen carrera militar, es injusto", dijo Herrera.
"Cuando han sido nombrados es por su capacidad y las cualidades que se requieren en los lugares asignados", justificó.
Entre tanto, Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, dijo que lo principal será verificar que los designados cumplan con sus funciones administrativas, pero aclaró que estos puestos no son para enriquecerse o sacar provecho del Estado.
"Nosotros esperamos que esos ex militares que ahora pasan a ser funcionarios tengan una conducta ética y transparente", sostuvo Jaén.
Dijo que en el gobierno hay ciertos cargos que requieren méritos para cumplir con esa función y que en esta rama es donde encajan a perfección los ex militares.
Asimismo, dijo que lo importante es fiscalizar que los nombramientos vayan orientados a mejorar y servir y no se hagan por "amiguismo".
"Los cargo donde se asignen debe ser acorde a las funciones que desempeñarán, por que deben ser personas idóneas, para que puedan desarrollar la función administrativa", recalcó.
Sin embargo, la representante de la sociedad civil es del criterio que toda persona tiene una oportunidad, aunque haya cometido un error en su vida, pues a través de su gestión y testimonio en la administración pública puede corregirlo.
Señaló que no debe existir críticas basadas porque vienen de un carrera militar, sino que se debe de esperar y observar la conducta ellos y luego tomar determinaciones en base a las decisiones que tomen y a su comportamiento.
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