Confirmada la condena a cuatro militares chilenos por la desaparición del cura español Llidó Mengual

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas a siete años de prisión para cuatro militares retirados por el secuestro calificado (desaparición) del sacerdote católico español Antonio Llidó Mengual durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron hoy fuentes judiciales.

El tribunal tomó el jueves esta decisión, que ratifica el fallo de primera instancia que dictó el juez especial Jorge Zepeda en septiembre de 2008, en el que además absuelve a otros tres agentes al no haberse logrado acreditar su participación en los hechos.

Llidó desembarcó en julio de 1969 en Chile, donde ejerció como sacerdote en la localidad de Quillota, y tras el golpe de Estado de 1973 se vinculó aparentemente con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que combatió contra la dictadura.

El 1 de octubre de 1974 fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen, y trasladado a un centro de torturas y luego a un campo de concentración, del que fue sacado el 25 de octubre de ese año.

El sacerdote, de origen valenciano, tenía entonces 38 años, y sus restos aún no han sido hallados, como ocurrió con otras 1.194 personas que figuran en los informes oficiales como detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Entre los procesados, todos ellos como autores de la desaparición del sacerdote, figura el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA y actualmente en prisión por diversas penas que suman más de 300 años de cárcel.

También se encuentran recluidos por otros casos de violaciones de los derechos humanos los brigadieres retirados Marcelo Morén Brito y Miguel Ktasnoff Marchenko, ambos miembros de la cúpula de la DINA, así como el ex suboficial Basclay Zapata.

El fallo de segunda instancia también confirma la absolución de los ex brigadieres Francisco Ferrer Lima y Fernando Lauriani Maturana, y de Orlando Manzo Durán, ex coronel de Gendarmería (servicio de prisiones).

Además, se ratificó la decisión de ordenar al Estado chileno el pago de una indemnización de 100 millones de pesos (unos 188.000 dólares) a Josefa Llidó Mengual, hermana de la víctima y querellante en la causa.