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Afirman que el asesinato de un senador colombiano fue parte de un exterminio político

Publicado 2010/01/26 14:04:00
  • Didier Hernán Gil
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Familiares del senador colombiano Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, denunciaron hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ese crimen fue perpetrado por militares y paramilitares como parte de un plan de "exterminio" al izquierdista Partido Unión Patriótica (UP).

Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escucharon hoy en una audiencia pública los testimonios de Iván Cepeda y María Estela Cepeda, hijo y hermana de la víctima, otros dos testigos y dos peritos.

"Estamos mostrando nuestros argumentos y los magistrados están escuchando de viva voz este desfile del horror que ha sido el asesinato de Manuel Cepeda en el contexto de un exterminio sistemático del movimiento político al que perteneció", declaró hoy a Efe Iván Cepeda.

En su relato ante los jueces, Iván Cepeda subrayó que el asesinato de su padre estuvo a cargo de "un grupo mixto de militares y paramilitares" y que se constituyó en un "golpe de gracia a la colectividad del partido" Unión Patriótica.

Según él, su padre denunció la existencia de un plan llamado "golpe de gracia" para atentar contra la vida de dirigentes y seguidores de la UP, gestado por altas esferas militares, pero las autoridades no le dieron el seguimiento necesario.

Por su parte, María Estela Cepeda afirmó en su declaración que "el asesinato de Manuel Cepeda fue parte de un engranaje de exterminio de la Unión Patriótica" lo que, según ella, tuvo como consecuencia la "muerte" del partido.

La mujer afirmó que su hermano "fue asesinado porque era parte de un partido con opción de poder" y que antes de su muerte denunció la existencia de una "persecución desalmada a la UP sólo por el delito de pensar diferente".

El senador Manuel Cepeda Vargas pertenecía a la Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano y era una prominente figura de Unión Patriótica, un partido de izquierdas creado en 1985.


Tras la legalización del partido fueron asesinados por grupos ultraderechistas más de mil de sus dirigentes y partidarios en lo que en Colombia se denominó el "genocidio de la UP".

En la audiencia de hoy los representantes del Estado declinaron de hacer preguntas a los familiares del senador y dijeron a Efe que no están autorizados para dar declaraciones a periodistas, pues sólo lo hará la cancillería colombiana.

El lunes, la cancillería colombiana indicó en un comunicado que reconoce su responsabilidad internacional por este caso, pero expresó que "desvirtuará los argumentos que se presenten sobre una presunta política de Estado de persecución en contra de líderes de la Unión Patriótica".

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También dijo que la justicia ya condenó a "dos agentes estatales como autores materiales del homicidio del senador" y que continuará esforzándose para "identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables en la muerte del senador Cepeda".

De acuerdo con la demanda, Cepeda fue asesinado por un grupo de militares y paramilitares el 9 de agosto de 1994 en Bogotá cuando se dirigía hacia el Senado, y posteriormente el Estado no hizo lo necesario para castigar a los culpables.

Para mañana está programado el final de la audiencia en la CorteIDH, con sede en Costa Rica, con la presentación de los alegatos finales del Estado, los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva las denuncias ante la Corte.

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