La violencia de la policía estatal, una cuenta pendiente de Brasil, según EE.UU.

EE.UU. denunció hoy de nuevo en un informe la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad estatales de Brasil, que incluye asesinatos ilegales y torturas, aunque insistió en exculpar a las autoridades federales de estos abusos.

"El Gobierno federal o sus agentes no cometieron asesinatos motivados políticamente, pero los asesinatos ilegales por parte de la policía estatal (civil y militar) fueron generalizados", aseguró el Departamento de Estado en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, que entregó hoy al Congreso estadounidense.

El documento se centra en las "pobres actuaciones" de varios Gobiernos estatales que cometieron "numerosos y serios abusos", entre los que se cuentan asesinatos ilegales, excesos en el uso de la fuerza, palizas, abusos y torturas de detenidos y prisioneros.

Las debilidades del sistema policial y judicial brasileño se manifiestan en su incapacidad para proteger a los testigos implicados en casos criminales, las duras condiciones de las prisiones, las detenciones prolongadas sin juicio, los retrasos excesivos de los juicios o la renuencia y la ineficacia para procesar políticos por corrupción.

Otras violaciones a los derechos humanos detalladas son la violencia y discriminación contra las mujeres, la violencia y abusos sexuales contra menores de edad, el tráfico de personas y la discriminación contra personas indígenas y pertenecientes a minorías.

Los derechos laborales son otro campo denunciado por el informe al detectarse "un fracaso" en la aplicación de las leyes laborales y la generalización del trabajo forzado e infantil.

El estado de Río de Janeiro registró "los problemas más graves" en cuanto a violación de los derechos humanos por el uso indiscriminado de la fuerza por parte de policías, en servicio y fuera de servicio.

Ejemplos de ello fueron los 805 asesinatos a manos de la policía durante enero y septiembre de 2009, contabilizados por el Instituto por la Seguridad Pública y descritos como "personas resistiéndose al arresto".

Sin embargo, este número fue menor que las cuatro muertes por día de 2007 y supuso un 11 por ciento menos de asesinatos respecto a 2008, cuando hubo 1.137 muertes de este tipo.

Además, hubo 5.095 desapariciones en 2008, de las que muchas se suponen asesinatos a manos de la policía, y torturas, aunque trece de los 26 estados se unieron al Plan Nacional de Prevención y Control de la Tortura, que supone la instalación de cámaras en las prisiones, entre otras medidas.

Por otra parte, aunque la libertad de expresión está protegida por la ley y los medios independientes fueron activos y expresaron sus opiniones sobre muchos casos, sufrieron la presión y violencia de criminales y activistas de partidos políticos.

Así, la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) reportó casos de prisión, agresión, censura y fracaso en el respeto a la libertad de expresión.

La violencia doméstica "extendida y sin denunciar" a la mujer continúa siendo un problema en el país, donde "los hombres mataron, atacaron sexualmente y cometieron otros crímenes contra mujeres, pero no fueron juzgados probablemente", según el informe.

Sólo en el estado de Sao Paulo hubo 1.998 casos de violaciones, menos que las 2.562 de 2008, y en todo el país hubo un 33 por ciento más de llamadas de auxilio sobre violencia a la mujer.

En cuanto a la protección de los niños, el informe destaca el "importante problema" de violaciones, abusos y fecundación de niñas por parte de sus familiares, y la plaga de la prostitución infantil ligada a la extrema pobreza, que sufrieron hasta 250.000 menores.