Una enviada de la ONU recomienda derogar las leyes contra los menores pandilleros en Honduras
- Ginela C. Escala M./Heriberto Bernal V.
La representante del Comité Internacional de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Susana Villarán, recomendó hoy en Honduras que se deroguen las leyes contra los menores organizados en pandillas y pidió que se les brinde salud, educación y trabajo para evitar que delincan.
"Hay que atacar las causas por las que los chicos son rebeldes para que sean responsables, que pidan perdón si han hecho algo malo, pero que también ellos tengan educación, salud y oportunidades de trabajo", subrayó Villarán tras una visita a un centro de rehabilitación de menores en Tegucigalpa.
Villarán llegó el lunes a Honduras en el marco de una visita de cinco días al país centroamericano, para conocer la situación actual de los derechos de la niñez.
En su opinión, una reforma al Código Penal de Honduras, que prohíbe la asociación de jóvenes organizados en pandillas, que algunos sectores denominan "ley antimaras", debería de ser derogada.
"Lo malo es la prohibición a la asociación de todos los niños", enfatizó Villarán, quien recordó que muchos de los jóvenes que se agrupan son menores de edad que a veces son reprimidos solo por usar tatuajes.
Como ejemplo de que la represión no reduce la violencia juvenil, sino que "la incrementa", citó las "leyes de mano dura" que se pusieron en práctica en El Salvador durante el Gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009).
La visita de Villarán a Honduras es auspiciada por la Coordinadora de Instituciones Privadas pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).
La representante de la ONU considera que se deben derogar las leyes que no son compatibles con la Convención de los Derechos del Niño y trabajar en el combate de las causas por las que los jóvenes se vuelven violentos y se organizan en pandillas conocidas como "maras".
Villarán, quien finalizará su visita el próximo día 23, también se pronunció a favor de que se aplique la ley contra los responsables de crímenes contra menores, lo que también demandan más de una veintena de organizaciones que trabajan en la defensa y protección de la niñez en Honduras.
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