La Justicia chilena rechaza reabrir el caso del diplomático español Carmelo Soria
- Bogotá
La Corte Suprema de Chile ha rechazado hoy, por unanimidad, reabrir la investigación por el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informaron fuentes judiciales.
El máximo tribunal del país confirmó así la resolución que el juez Héctor Carreño hizo pública el pasado 29 de marzo.
La decisión se tomó tras escuchar los alegatos de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de la acusación particular, encabezada por Carmen Soria, hija de la víctima, quienes pidieron reabrir la investigación para indagar supuestos nuevos antecedentes.
"Las diligencias que aparecen solicitadas no se especifican de manera adecuada, toda vez que carecen de precisión y detalle, desconociéndose su necesidad y los objetivos que se persiguen con ellas, de tal forma que resultan absolutamente genéricas", dictaminó la Corte Suprema.
Carmen Soria ya anunció a finales de marzo que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la negativa de la Justicia chilena a reabrir el caso de su padre, cometido hace 34 años y por el que ninguna persona ha sido condenada.
El diplomático español Carmelo Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Según consta en el proceso, el asesinato fue cometido por la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.
Soria, casado con una hija del escritor chileno José Santos González-Vera, era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organización de las Naciones Unidas con sede en Santiago.
La ONU pidió entonces que se abriera una investigación sobre el crimen, pero en 1979 la Justicia del régimen sobreseyó el caso.
Al acabar la dictadura, el proceso fue reabierto en 1991, pero se archivó en 1996 al considerar que los presuntos delitos estaban dentro de la Ley de Amnistía de 1978.
Las sucesivas demandas de reapertura presentadas por la familia fueron desestimadas por la Corte Suprema.
El caso volvió nuevamente a los tribunales en octubre de 2003, en el marco de una querella presentada por la familia Soria contra Augusto Pinochet, de la que el Estado chileno se hizo parte, pero en agosto de 2004 el alto tribunal rechazó una vez más la reapertura.
El último intento por castigar a los culpables tuvo lugar en 2009, cuando el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, solicitó que se reabriera la investigación para determinar la responsabilidad penal de los implicados, lo que fue desestimado por el juez Carreño.
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