Los indígenas panameños bloquean la vía Panamericana en rechazo de la Ley de minería

Cientos de indígenas panameños de la etnia Ngäbe Buglé bloquearon hoy durante tres horas la carretera Panamericana, en el occidente del país, para exigir la derogación de la Ley de reforma al Código Minero que, aseguran, atenta contra los recursos naturales en las comarcas.

La vía Panamericana que fue cerrada en varios de sus tramos ubicados entre los límites de las provincias de Veraguas (centro) y Chiriquí (occidente), unos 400 kilómetros al oeste de la capital, fue reabierta por los nativos sin incidentes.

Empero, entrada la noche la vía en San Félix, Chiriquí, fue bloqueada parcialmente otra vez por un incidente relacionado con el atropello a un menor indígena por un auto conducido por una pareja de costarricenses, dijo a Efe un testigo del hecho.

Asimismo, en la capital unos indígenas que realizaban un plantón frente al Parlamento panameño retuvieron a un nativo identificado como el cacique Johny Bonilla, acusándolo de "traidor" por haber llegado presuntamente a acuerdos con el Gobierno en el tema minero.

En la ciudad de David, capital de Chiriquí, así como en Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, en el litoral Caribe limítrofe con Costa Rica, en Pacora, al este de la capital y en Colón, norte, también hubo protestas y cierres de vías por parte de los nativos.

Rogelio Montezuma, uno de los líderes de la protesta en San Felix, dijo que fue exitosa y que mañana volverán a bloquear la carretera para exigir la presencia en el lugar del presidente panameño, Ricardo Martinelli, para hablar sobre el tema minero.

En San Félix, unos 8.000 indígenas realizaron el 15 de febrero una protesta contra las reformas a la Ley minera en la que el viceministro panameño de Trabajo, Luis Ernesto Carles, fue hostigado y zarandeado por los manifestantes, con los que pretendía dialogar.

Martinelli dijo hoy a los periodistas que las protestas no se justifican porque no habrá explotación minera en las comarcas en lo que resta de su gestión (2009-2014), al tiempo que reiteró su llamado al diálogo a los indígenas.

El gobernante dijo que estaría de acuerdo en ir a la Comarca, pero recalcó que su Gobierno no tiene "ningún interés" en desarrollar la minería en esta y otras zonas indígenas del país.

Martinelli denunció que en estas protestas están inmiscuidos "intereses políticos de algunas personas que quieren crear el caos y el desasosiego, que no les interesa que Panamá progrese".

Los indígenas, por otra parte, rechazan al acuerdo al que el Gobierno llegó el lunes con algunas autoridades de la comarca indígena, en el que se comprometió a no explotar el yacimiento de cobre de Cerro Colorado, uno de los mayores del mundo, ni desarrollar la minería durante el tiempo que dure su mandato.

Los nativos Ngäbe Buglé se oponen a la explotación de Cerro Colorado, situado en su comarca, por el riesgo de contaminación de los acuíferos, la deforestación y el temor a ser desplazados de sus tierras.

Los sindicatos y organizaciones estudiantiles, principalmente de izquierda, rechazan la reforma porque introdujo la posibilidad de que otros Estados, por medio de sociedades anónimas mixtas, puedan participar en los proyectos de explotación minera en Panamá.

El Gobierno defiende la Ley de reformas mineras, entre otros puntos, porque aumenta la regalía por extracción de cobre, oro y plata, de 2% al 5%; penaliza la minería ilegal con multas de hasta 250.000 dólares, y sube las fianzas en las concesiones de exploración de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares.

Otro punto sobresaliente, según el Gobierno, es que las corporaciones privadas en concesión no podrán nunca dar garantías sobre los terrenos concesionados.

La Ley establece, además, que toda empresa que solicite una concesión o explotación minera debe incluir en el estudio de impacto ambiental el plan de cierre y abandono de las actividades mineras.