Congreso envía a Obama extensión de ley antiterrorista aprobada tras 11-S

El Congreso de EE.UU. aprobó hoy una extensión de cuatro años de tres medidas dentro de la ley antiterrorista "Ley Patriota", promulgada tras los atentados de 2001, horas antes de que caducaran a la medianoche.

Ambas cámaras del Congreso aprobaron por abrumadora mayoría la extensión de los poderes del Gobierno de Estados Unidos para revisar los archivos financieros de presuntos terroristas y realizar escuchas electrónicas sobre objetivos "móviles".

La extensión de la Ley Patriota ("Patriot Act") fue aprobada pese a los esfuerzos de detractores que a lo largo del debate insistieron en que la normativa otorga poderes al Ejecutivo que atropellan las libertades personales y le permiten incluso a espiar a gente inocente.

En ese sentido, la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lamentó en un comunicado la aprobación de la medida, por considerar que el Congreso "no logró aprovechar la oportunidad de poner en marcha las medidas necesarias tanto para preservar la privacidad de las personas como para incorporar una vigilancia y cumplimiento de la ley".

"Además, el Congreso no logró evaluar reformas significativas... para responder a abusos registrados" en la persecución de terroristas, agregó Pelosi. "En vez, nos han hecho votar sobre una larga extensión de algunos de los aspectos más controvertidos y problemáticos de la Ley Patriota".

En el Senado, la medida afrontaba la férrea oposición del senador republicano Rand Paul, quien ofreció infructuosamente una enmienda para restringir el acceso de las autoridades a los archivos de los vendedores de armas, como parte de sus esfuerzos para rastrear a posibles terroristas.

Apoyado por un puñado de demócratas y grupos defensores de los derechos civiles, Paul insistió en que las medidas en cuestión violan las libertades de individuos. Pero su enmienda fue derrotada 85-10.

Las dos medidas sobre las investigaciones terroristas estaban incluidas en la ley original, que el entonces presidente George W. Bush promulgó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La tercera, que permite la vigilancia de sospechosos extranjeros no vinculados con grupos terroristas sino que presuntamente actúan de forma independiente, fue incluida en una ley de inteligencia de 2004.

La mayor parte de los elementos de la Ley Patriota tienen vigencia permanente, salvo las tres cláusulas que deben someterse a una votación periódica, precisamente para evaluar si éstas se han utilizado de forma indebida.