Ratifican la condena a un coronel colombiano por las desapariciones en el Palacio de Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó hoy una condena de 30 años de prisión contra Alfonso Plazas Vega, coronel en retiro del Ejército Nacional considerado responsable de al menos dos de una decena de desapariciones registradas en 1985 en la toma guerrillera del Palacio de Justicia en Bogotá.

Asimismo, el tribunal ordenó compulsar copias para que se indague "con seriedad" y "responsabilidad" la actuación del entonces presidente, Belisario Betancur (Conservador 1982-1986), en el desenlace de los hechos, que dejaron cerca de cien muertos y al menos diez de desaparecidos.

De este modo, la Sala Penal de la mencionada corte confirmó en segunda instancia y por mayoría la sentencia proferida en junio de 2010 por la jueza María Stella Jara, que defendía que no todas las víctimas fallecieron en el Palacio de Justicia, asaltado en noviembre de 1985 por guerrilleros del M-19.

Así, los magistrados Hermens Diario Lara, Alberto Poveda y Fernando Pareja reconocieron en el fallo de 900 páginas de extensión la desaparición en los hechos del trabajador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez y de la subversiva Irma Franco.

Sin embargo, el tribunal determinó que debe proseguir la investigación y procesamiento de los autores de la desaparición de las otras víctimas.

Los magistrados exhortaron al Gobierno a hacer un acto de perdón hacia las víctimas en los próximos tres meses y dispusieron que el fallo debe permanecer publicado durante un año en las páginas web del Ministerio de la Defensa y de la Presidencia.

Otra de las determinaciones apunta a que ninguna unidad militar del país lleve el nombre de Plazas Vega, quien además deberá ser recluido en un lugar que no hiera la dignidad de las víctimas, como es la guarnición militar en la que actualmente cumple condena.

Los hechos comenzaron el 6 de noviembre de 1985 con la irrupción de cerca de cuarenta rebeldes del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) en la sede judicial, situada en el centro histórico de Bogotá, y terminaron al día siguiente, con la edificación reducida a escombros por las llamas y las armas pesadas.

Tras la irrupción de los guerrilleros, las Fuerzas Militares pusieron en marcha una operación para retomar el control del Palacio de Justicia, hecho que se conoce como "retoma".

Como planteó en 2009 la Comisión de la Verdad, conformada para esclarecer los hechos, en esa acción se hizo un uso excesivo de fuerza y no se atendieron los llamamientos tendentes a proteger la vida de quienes quedaron como rehenes en el edificio.

Además, previo a la incursión, y como también expusieron los magistrados autores del informe, todo el personal de fuerza pública que tenía a cargo la protección del Palacio fue retirado de manera inexplicable.