El Gobierno pide a Estados Unidos la extradición del cabecilla de "Los Miami"

El Gobierno ha solicitado a Estados Unidos la extradición del presunto narcotraficante español Álvaro López Tardón, considerado el cabecilla de la denominada banda de "Los Miami", y que está acusado de delitos fiscales, blanqueo de capital y contra la salud pública.

La decisión ha sido tomada hoy en el Consejo de Ministros y responde a la petición hecha por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, el cual investiga a López Tardón como supuesto líder de una organización criminal que entre 2009 y 2011 introdujo grandes cantidades de cocaína en España procedentes de Colombia.

En el curso de las operaciones policiales llevadas a cabo contra la banda de "Los Miami", se han intervenido un total de 276 kilogramos de cocaína y decenas de kilos de hachís a una subordinada de López Tardón en Madrid, desmantelándose además un laboratorio de cocaína.

También fueron localizados el pasado verano, en un chalé de la urbanización de La Moraleja (Madrid), propiedad de su hermano Artemio López Tardón, dos zulos con 25 millones de euros en efectivo que ninguno de los dos ha podido justificar.

Esta organización criminal liderada por el presunto narcotraficante actuó en Madrid desde mediados de 2009 hasta julio de 2011, cuando fue detenido en Miami (Estados Unidos), gracias a la investigación llevada conjuntamente por la Policía Nacional, el FBI y la Fiscalía de Miami.

Junto a López Tardón, el Gobierno también ha solicitado la extradición de Fabiani Krentz y David William Pollack, por tener indicios de que son miembros de esta organización permanente y especializada en la introducción, tratamiento y posterior distribución de cocaína en España y del blanqueo de las ganancias ilícitas derivadas de tales actividades.

El pasado 11 de agosto, López Tardón declaró ante un tribunal de Miami que era inocente de haber blanqueado 26 millones de dólares procedentes del envío de cocaína de Colombia a España, según dijo a Efe una portavoz del abogado del acusado, que explicó que se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.