El Gobierno español y Red Eléctrica esperan una compensación justa de Bolivia

El Gobierno español y la empresa Red Eléctrica (REE) esperan alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Bolivia, que fije un precio justo a la expropiación de la filial de la compañía española en el país andino, medida que las autoridades de España desvinculan del caso de YPF en Argentina.

El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, a través del ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró hoy que vigilará el reembolso de la inversión realizada por la filial de Red Eléctrica Española (REE) en Bolivia.

Aunque el ministro señaló que "este tipo de decisiones no gustan al Gobierno español", el Ejecutivo no ve similitud entre este caso y la expropiación el pasado 16 de abril por las autoridades de Argentina de las acciones de Repsol en la petrolera YPF, que desató un fuerte rechazo en España al considerarla "arbitraria" y "hostil".

"No creemos que exista en absoluto una situación generalizada. Son situaciones independientes", subrayó hoy en Bruselas el ministro de Economía de España, en línea con la primera valoración de fuentes del Ejecutivo, que consideraron que se trata de un caso "muy diferente".

La inesperada decisión del presidente boliviano, anunciada ayer en un acto con motivo de la celebración de la fiesta del Trabajo, sorprendió al Ejecutivo de Madrid y a la propia compañía afectada, que reconoció que desconocía los planes de Morales.

El ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, confirmó hoy que comunicó ayer al Gobierno español que Bolivia dialogará con ejecutivos de Red Eléctrica de España para reconocer sus inversiones en su filial expropiada Transportadora de Electricidad (TDE).

Sosa dijo al canal de televisión ATB que habló en términos "bastante amistosos" con su colega de Industria de España, José Manuel Soria.

Red Eléctrica Española expresó hoy su deseo de llegar a un "acuerdo amistoso" con el Gobierno boliviano para fijar un precio justo por el valor de la empresa expropiada.

Fuentes de REE dijeron que la empresa se puso a disposición" del Gobierno de Evo Morales para entablar las negociaciones pertinentes.

La compañía española destacó también que este proceso debe respetar los principios internacionales de derecho y recordó que su gestión en Bolivia "ha sido auditada anualmente" por los organismos competentes de ese país y por multinacionales, por lo que la transparencia marcará cualquier negociación.

También recordó que entre 2002 y 2011 fueron invertidos más de 74 millones de dólares en Bolivia, de los cuales 69 millones de dólares se destinaron a la red de transporte local.

A esos 74 millones se deben añadir 14 millones de dólares destinados a proyectos iniciados con anterioridad, con lo que las inversiones totales superan los 88 millones de dólares, muy cerca de los 91 millones de dólares que supuso la operación de adquisición de la empresa boliviana, según Red Eléctrica Española.

La mayoría de los partidos políticos españoles lamentaron la decisión de Evo Morales.

Para el gobernante Partido Popular (PP), la decisión de Evo Morales "violenta la seguridad jurídica" y solo perjudica a los bolivianos, señaló Carlos Floriano.

Elena Valenciano, la "número dos" del Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, exigió al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que dé más explicaciones sobre el asunto ya que, a su juicio, no ha habido suficiente información.

Valenciano, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, reclamó además al Gobierno una estrategia de defensa de las empresas españolas en América Latina.

La decisión de Morales recibió la comprensión del grupo Izquierda Unida (IU), que la considera legítima, y reclamó a los Ejecutivos de ambas naciones que preserven la amistad que les une y eviten el deterioro de las relaciones económicas.

Hasta el momento, el Ejecutivo español no ha decidido ninguna medida en el ámbito diplomático como ocurrió con el caso de la expropiación de YPF por la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Entonces, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, convocó al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, para comunicarle el malestar del Gobierno español.

España es el segundo país inversor en Bolivia con 112,9 millones de euros (unos 167,7 millones de dólares), sólo superado por Estados Unidos.

Entre las empresas españolas presentes en el país andino están grandes compañías como la petrolera Repsol, Iberdrola, Abertis y Aena o Unión Española de Explosivos, según datos difundidos por el Instituto español de Comercio Exterior (ICEX).

España es el segundo país inversor en Bolivia, por detrás de Estados Unidos