Castigo penal por la Amazonía

Desde agosto, mientras enormes extensiones del bosque tropical del Amazonas se han reducido a cenizas y la indignación se ha intensificado, un grupo de abogados y activistas han estado promoviendo una idea radical. Un día, dentro de unos cuantos años, imaginan que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es llevado a La Haya para ser enjuiciado por ecocidio, un término que ampliamente se entiende como la destrucción deliberada y generalizada del medio ambiente. Y esperan que la ofensa sea vista a la larga a la par con otros crímenes de lesa humanidad.

Actualmente no hay un crimen internacional que pueda ser usado para hacer criminalmente responsables a líderes mundiales y ejecutivos de corporaciones de las catástrofes ecológicas que resulten en los desplazamientos masivos y disminuciones poblacionales asociados con los crímenes de guerra. Pero los ambientalistas dicen que el mundo debería tratar al ecocidio como un crimen contra la humanidad ahora que se hacen patentes las amenazas inminentes presentadas por un planeta cada vez más caliente.

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En Bolsonaro han llegado a ver algo así como un villano ideal hecho a la medida para un caso legal de prueba.

“(Bolsonaro) se ha convertido en un símbolo de la necesidad de un crimen de ecocidio”, dijo Jojo Mehta, cofundadora de Stop Ecocide (Paren el Ecocidio), un grupo que busca darle a la Corte Penal Internacional de La Haya la jurisdicción para procesar a líderes y negocios que conscientemente causan un amplio daño ambiental.

El primer llamado prominente a prohibir el ecocidio fue hecho en 1972 por el Primer Ministro de Suecia, Olaf Palme, anfitrión de la primera cumbre importante de Naciones Unidas sobre medio ambiente. En su discurso en la conferencia, Palme argumentó que el mundo necesitaba urgentemente un enfoque unificado para salvaguardar el medio ambiente. “El aire que respiramos no es propiedad de ninguna nación”, dijo. “Los grandes océanos no están divididos por fronteras nacionales; son nuestra propiedad común”.

La noción tuvo poco arrastre, y Palme murió en 1986 habiendo logrado pocos avances para establecer principios vinculantes para proteger el medio ambiente.

Durante los 80 y 90, diplomáticos consideraron incluir al ecocidio como un delito grave mientras debatían con las autoridades de la Corte Penal Internacional, que fue establecida principalmente para procesar los crímenes de guerra. Pero cuando el documento constitutivo de la Corte, conocido como el Estatuto de Roma, entró en vigor en el 2002, el lenguaje que habría criminalizado la destrucción ambiental a gran escala había sido eliminado a insistencia de importantes naciones productoras de petróleo.

En el 2016, el principal fiscal de la Corte señaló un interés en dar prioridad a casos dentro de su jurisdicción que incluyeran la “destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de recursos naturales o el desposeimiento ilegal de tierras”.

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Esa acción llegó mientras los activistas sentaban las bases para un cambio trascendental a la jurisdicción de la Corte. Su plan es lograr que un Estado que sea parte del Estatuto de Roma proponga una enmienda a su acta constitutiva estableciendo al ecocidio como un crimen contra la paz. Al menos dos terceras partes de los países que son signatarios del Estatuto de Roma tendrían que respaldar la iniciativa para prohibir el ecocidio para que la Corte obtenga un mandato expandido, y aun entonces aplicaría sólo a países que aceptaran la enmienda. No obstante, podría cambiar la opinión mundial respecto a la destrucción ambiental.

Activistas dicen que no faltan culpables que podrían ser enjuiciados si el mundo decidiera prohibir el ecocidio. Pero pocos son tan fascinantes como Bolsonaro, un ex capitán del Ejército de extrema derecha que en su campaña prometió hacer retroceder los derechos de las tierras de los pueblos indígenas y abrir áreas protegidas de la Amazonia a la minería, la agricultura y la explotación forestal.

Bolsonaro es un potencial acusado porque ha sido desdeñoso de las leyes ambientales de su país. Prometió poner fin a las multas emitidas por la agencia que hace cumplir las leyes ambientales. Se queja de que la Constitución de 1988 de Brasil separó demasiada tierra para comunidades indígenas que “no hablan nuestro idioma”.

Desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero, la deforestación en la Amazonia se ha elevado de manera significativa, preparando el camino para los miles de incendios que empezaron a arder en agosto.

El mes pasado, enfrentando la presión internacional y un boicot a algunas exportaciones brasileñas, Bolsonaro ordenó una operación militar para extinguir los incendios en el Amazonas. Pero el mensaje del Gobierno ha sido que la angustia mundial por el Amazonas es una intromisión injustificada en la soberanía de Brasil.

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Eloísa Machado, profesora de Leyes en la Universidad Fundação Getúlio Vargas en São Paulo, señaló que el hecho de que Bolsonaro desmantelara las protecciones ambientales, lo que ha devastado a las comunidades indígenas de la Amazonia, podría cumplir ya con los criterios de crímenes de lesa humanidad en el marco de la ley internacional existente. Dijo que podría equivaler a genocidio. Ella y un equipo de eruditos están redactando una queja que la Corte Penal Internacional podría utilizar como plan para abrir una investigación contra Brasil.

En el mejor de los casos, los activistas dicen que tomaría unos cuantos años reunir el apoyo que necesitan para enmendar el Estatuto de Roma. Pero elevar el perfil del debate sobre la penalización del ecocidio podría avanzar un largo trecho para moldear la evaluación de riesgos de corporaciones y líderes mundiales que hasta ahora han considerado a los desastres ambientales principalmente como pesadillas de relaciones públicas.

“Utilizamos la ley criminal como la línea entre lo que nuestra cultura acepta y lo que no”, dijo Mehta. “Una vez que se tiene una ley criminal establecida uno empieza a cambiar la cultura”.