Algo podrido huele en el Tribunal de La Haya

El recorte sustancial de las aguas marinas colombianas en el Caribe a favor de Nicaragua por causa del fallo del 19 de noviembre de 2012 del Tribunal Internacional de La Haya ha despertado más que una viva polémica, verdadero terror entre los países vecinos, aunque dicha decisión solo se refiera y afecte a las dos partes en litigio.

Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, negociada durante 11 años y que entró en vigencia en 1994, la regla sacrosanta de la equidistancia es la base de la equidad entre los espacios marinos de los Estados, fuente de legitimidad y justicia. Significa que se establecen los límites o línea media, en los Estados con costas opuestas, entre los espacios marinos a partir de la misma distancia desde las líneas de base, ya sean continentales o insulares, de manera que las islas en todo su alrededor tienen el mismo derecho a espacios marinos jurisdiccionales que la tierra firme continental. Sin embargo, en el caso del litigio Colombia-Nicaragua, el Tribunal de La Haya, en su decisión, desplazó la línea provisional o media hacia el este en una distancia en la que le atribuyó triple valor a Nicaragua en base al hecho de que existe una costa continental más extensa de ese país, en interpretación, creo, más que excesiva de la norma internacional. Inventó el concepto de “costa relevante”, en este caso más larga, a la que otorgó poderes extraordinarios para definir y delimitar el mar jurisdiccional. Le quitó, a las islas colombianas de San Andrés y Providencia, derechos ya reconocidos hacia el oeste, el norte y el sur, y que en el Pacífico, aún a islas pequeñas con pocos habitantes, les otorgan millones de kilómetros de aguas jurisdiccionales. Se abre además, con este fallo, la caja de Pandora para inventar otros conceptos que podrían reñir con los términos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

A mi juicio, esta decisión judicial de La Haya es exactamente lo contrario a la equidad contemplada en el espíritu y la letra de las normas de la Convención del Derecho del Mar que se acordaron después de innumerables sesiones en Ginebra, Nueva York, Caracas y Jamaica, a las que asistí como delegado de Panamá. Cuando en calidad de geógrafo y diplomático panameño negocié la delimitación de las fronteras marítimas entre Panamá y Colombia con mi homólogo Julio Londoño Paredes en 1976, nos inspiramos en ese principio cardinal de justicia y equidad para establecer la línea fronteriza de nuestras jurisdicciones de áreas marinas y submarinas en el Caribe. El tratado Boyd-Liévano de 1976, concertado por las administraciones de Omar Torrijos Herrera y Alfonso López Michelsen, ha resultado ser fuente de paz y concordia entre Panamá y Colombia que nadie ha objetado, ni siquiera Nicaragua. La decisión de La Haya ha traído a la región preocupación y duda. Panamá ha reaccionado apropiadamente al protestar sus más altas autoridades y de manera enérgica sobre cualquier intento de desconocer nuestro derecho. También lo ha hecho al preocuparse sobre reclamos relativos a la plataforma continental de países vecinos.

Con Colombia y Costa Rica negociamos y celebramos tratados de delimitación de áreas marinas jurisdiccionales. Sin embargo, se ciernen sobre nosotros pretensiones, que ojalá no pasen de vagas intenciones, sobre extender la plataforma continental de Nicaragua hasta nuestro espacio marítimo. La plataforma continental es primero un accidente geográfico, una parte de la extensión del territorio continental que quedó sumergida hace algunos miles de años al elevarse el nivel de los océanos por el derretimiento de los glaciares. Llega hasta el talud continental, abrupta pendiente que termina en los fondos oceánicos, generalmente de más de 2,000 metros de profundidad, y puede hacerlo hasta 350 millas náuticas a partir de la línea de base, según la Convención del Derecho del Mar. Pero al tiempo que tienen derecho a la exploración y explotación de los recursos en el suelo y subsuelo de dicha plataforma los Estados con territorios continentales, también lo tienen aquellos con islas situadas sobre ella. Afortunadamente la plataforma continental de Nicaragua y de Colombia en las islas de San Andrés, Providencia y los cayos cercanos se abre más hacia el noreste y el cabo Gracias a Dios en su frontera con Honduras y no hacia el sur, en donde es tan estrecha, algunas decenas de kilómetros cuanto más, como en Costa Rica y Panamá. Sin embargo, debemos continuar vigilantes y no permitir que venga el Tribunal de La Haya u otro Estado vecino a inventar una plataforma continental inexistente y nos la lleve hasta nuestras aguas jurisdiccionales. Una decisión que recae sobre un conflicto planteado por dos Estados soberanos entraría en contradicción con el derecho internacional público si tratara de afectar los derechos de terceros Estados que no han estado ni están involucrados en el diferendo.

Los panameños no queremos conflicto con ningún Estado de la comunidad internacional y menos aún con los vecinos de la región. Al contrario, con los países hermanos de la América Central y del Sur solo debemos buscar la cooperación y la solidaridad, y fortalecer la seguridad. En consecuencia, no podemos aceptar que se perturben nuestras fronteras ni poner en duda nuestros límites territoriales y de esta manera alterar nuestras relaciones armónicas y la paz.