Alto al abuso del Yates y Pesca

La razón de la existencia del Yates y Pesca desapareció. Al igual que el Club Náutico Caribe en Colón, a estos grupos de personas dedicadas al deporte de la pesca se les concedió el uso de tales rellenos porque en los años ´50 los panameños no teníamos acceso a las riberas del Canal. Una vez tales riberas son accesibles para todos, sería prudente que, en lugar de pagarle al Yates los $10 millones para rellenarles espacio donde están, soliciten algún espacio en las tantas costas pacíficas que quedan cerca de Panamá y procedan a construir allí su club, del cual recibieron muchos beneficios durante los 52 años que han estado allí.

Para los que no lo saben, ese Club nació en 1956 con una donación de 8.088 metros cuadrados por parte del Estado. Por causa de una denuncia pública del diario El Siglo a finales de 1987 -tiempo de los militares-, el Ministerio de Hacienda y Tesoro, a través de la Dirección de Catastro hizo una mensura sobre el área que alberga dichas instalaciones. Resultado: los 8,088 metros eran los únicos registrados, pero habían rellenado ilegalmente 2 hectáreas, 7.227.73 metros. El Ministro de Hacienda de esa época: Héctor Alexander -el de Economía y Finanzas hoy-.

Pero, ¿cómo lo rellenaron? En la militocracia no había nada que valiera sobre los caprichos de las amistades del General Torrijos; algunos cómo que quieren seguir haciendo lo mismo ahora. Torrijos era compadre del entonces presidente Demetrio Basilio Lakas, socio predilecto del Yates y Pesca. La División de Equipo Pesado de la Guardia Nacional, antecesora de las Fuerzas de Defensa, bajo la dirección del Mayor Ramón Nonato López, dispuso de 20 de sus 60 camiones Pegassus -comprados a España-, y de la mano de obra de guardias nacionales, gratuitamente, para tales rellenos. A lo interno de la institución castrense había molestias por las órdenes.

Hoy pretenden convalidar 52 años de regalos para los usuarios de ese club, que no es, no es de todos los panameños, como sus socios ventilan, porque más de dos millones de nuestros connacionales no tienen para un cayuco. Ya bastante disfrutaron a expensas de todo un pueblo. Ni siquiera acataron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el 25 de febrero de 2000 ordenó el reintegro al Patrimonio Nacional de 1 hectárea 2.619.09 metros cuadrados de playa rellenados sin autorización.

¿Querrán ahora cobrarnos por la reparación de sus yates, deteriorados por el servicio -que según ellos- han estado brindando al país?