Arenga vergonzosa e ilegal

uién diría que la Secretaría del Consejo de Transparencia contra la Corrupción, iba siquiera a osar apoyar abiertamente a un candidato o candidata a cualquier puesto de elección, menos aún en una actividad pagada con fondos del Estado, específicamente del Ministerio de Vivienda. Y no lo estamos inventando. Invito a los lectores escuchar la susodicha arenga, en la página “web” de Panamá América. Y para tratar de justificarse, tiene el descaro de decir que 'participa en actividades para propiciar la participación política de la mujer'.

Con todo respeto, una cosa es propiciar la participación política de la mujer, en general, y otra es arengar abierta y descaradamente, en una actividad pagada con fondos del Estado, para propiciar la candidatura de la Ministra de Estado organizadora de ese evento.

El Código Electoral es claro, y no da pie a interpretaciones en su artículo 330, numeral 6. Es decir, no se pueden utilizar bienes y recursos del Estado en beneficio de determinados candidatos; y la ministra Balbina ha repetido hasta la saciedad su intención de ser alcaldesa del distrito capital.

A casi tres años del nombramiento de la señora de Fletcher, nuestro país sigue entre los peores en lo que respecta a la percepción de corrupción a nivel mundial. En realidad nadie sabe a qué se dedica esta señora, que además cobra la módica suma de 6 mil balboas mensuales.

Y para acabar de rematar, apenas unos días después del desfalco de más de un millón de dólares a las arcas del FECE, y de la expedición de diplomas falsos a unos 140 docentes, la señora de Fletcher decide distinguir al Ministerio de Educación por su ejemplo de integridad y por el ejercicio buenas prácticas.

Lo menos que debió hacer el Presidente de la República es destituir tanto a la ministra Herrera como a la Directora de Transparencia. Ahora le tocará a un fiscal electoral, que hasta el momento no ha hecho más que zigzaguear, decidir en un caso tan obvio. Y si no se apega a la Ley, este caso pasará a formar parte de la larga lista de impunidades que caracterizan a nuestro país, peor aún, avaladas por los más altos jerarcas de la cosa pública.