Bolivia vs. Chile

El Gobierno de Bolivia presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para recuperar el territorio conquistado por Chile en el conflicto de 1879. En esa conflagración Bolivia perdió 120 mil km de superficie y 400 de costa. Hace 130 años no tiene salida al mar. En el año de 1904, Bolivia y Chile suscribieron un tratado que fijó los nuevos límites territoriales. Sin embargo, Bolivia alega que Chile no ha cumplido los puntos centrales del tratado en lo concerniente a tener una salida al mar con las correspondientes instalaciones portuarias.

La posición chilena se sustenta en el principio Pacta Sunt Servanda del Derecho Internacional Público, es decir, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, de acuerdo a la Convención de Viena. La base del ordenamiento internacional se centra en el cumplimiento de los tratados. No se conoce con exactitud la fundamentación del gobierno de Evo Morales para demandar la nulidad del tratado de 1904. Pero de las reclamaciones bolivianas anteriores se desprende que conceptúan que Chile llevó a cabo una guerra de expansión territorial en represalia contra una decisión soberana del estado boliviano sobre la aplicación de una nueva tasa de impuestos a la explotación del salitre en Antofagasta. En Derecho Internacional Público la nulidad absoluta de un tratado puede proceder de la existencia de un vicio insalvable, como la condición de mediterraneidad de Bolivia por no tener acceso al mar, perjudicando su desarrollo marítimo. Asimismo se puede invocar el derecho a la integridad territorial contemplado en resoluciones de la asamblea general de la ONU. Una resolución de 1974 establece que la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

La Corte Internacional de La Haya tendrá entre manos un fallo que podría cambiar la historia de Bolivia y de Chile. El estado demandante recuperaría la costa de 400 kilómetros de extensión. El estado demandado podría sufrir un recorte territorial de gran envergadura. En otro sentido, Bolivia, a cambio de la restitución de la costa, podría obtener la aplicación integral de las cláusulas del tratado de 1904, obligándose Chile a facilitar el acceso al mar. El quid del asunto está en que la Corte va a considerar en su fallo regulaciones que no existían en 1904. En esa dirección acudirá a la resolución de la ONU que en su artículo 5 señala que “ninguna consideración, cualquiera que sea su índole política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación de una agresión; la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional. La agresión origina responsabilidad internacional”. Pero un fallo de esa naturaleza incubaría reclamaciones sobre anexiones por la fuerza militar. México podría sentirse asistido para reclamar Texas, California y otros territorios que le pertenecieron en el siglo XIX, hoy en poder de EE.UU. El trastrocamiento del orden internacional provocaría demandas innumerables, particularmente en América. Ciertamente la Corte tiene la facultad de decidir , en otras palabras, si las partes así lo conviniesen.