Cancelación de visas de EU

Las visas para viajar a Estados Unidos (EU) constituyen un activo apreciado por la gran mayoría de los lationamericanos. Ya en Estados Unidos nuestros familiares y sus descendientes son más que los negros en ese país. Hay un flujo constante y reiterado de visitas a dicha nación para mantener contactos con parientes y amigos o sólo para vacacionar en Florida, Nueva York, Colorado, Utah o California.
El gobierno estadounidense ha reconocido el valor que le damos a sus visas, por lo cual las está cancelando para combatir la corrupción en la región.
Hasta la Ley Patriótica (Patriot Act), adoptada en forma apresurada después de los ataques del 11 de Septiembre, las visas otorgadas por el Departamento de Migración de Estados Unidos sólo podían ser canceladas por casos relacionados con tráfico de drogas, contrabando humano o crímenes de guerra.
La cancelación de la visa del ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, fue un caso sonado internacionalmente. En Panamá, recordemos que Ernesto Pérez Balladares la perdió por supuestos vínculos con el tráfico de chinos hacia Estados Unidos.
Para Pérez Balladares, graduado de una reconocida universidad estadounidense, no poder viajar a ese país tiene que representar al menos una gran decepción.
Ahora con la Ley Patriótica se han ampliado las causales para la cancelación de visados. Bajo esa nueva legislación, las autoridades de Estados Unidos están persiguiendo a funcionarios lationamericanos que se han aprovechado de su gestión para lucrar. El caso más sonado ha sido el de Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, y su mano derecha Byron Jerez. Ellos, supuestamente, se apropiaron de 100 millones de dólares de las arcas estatales nicaragüenses, parte de los cuales fue a parar a Miami. Un plan piloto del gobierno federal norteamericano bajo esta nueva ley permitió identificar propiedades en ese país y rematarlas por unos cinco millones de dólares. Ahora, esas mismas autoridades norteamericanas, otra vez con fundamento en esa ley, le entregarán el producto de su labor al gobierno de Nicaragua. En la mira también tienen a Gustavo Noboa de Ecuador, Alfonso Portillo de Guatemala y a varios ejecutivos del hoy intervenido Banco Intercontinental de República Dominicana. Esperan demostrar que Estados Unidos también está ayudando en la guerra contra la corrupción.
La contribución del país norteño es sumamente importante, ya que situaciones como la de Alemán, de ser condenado en su país, son raras. Aquí, por razones objeto de otro editorial, los peces gordos usualmente escapan a la justicia. Ahora, no sólo podrán perder los frutos de sus abusos sino también la tan apreciada visa para ir a Disney. Esperamos que esta nueva amenaza sirva para disuadir de la tentación a futuros funcionarios.
Hace dos años fueron sorprendidos sobres ilegales con billetes que la presidencia pagaba clandestinamente a sus ministros. Dos millones mensuales a cada uno. Provenían de "gastos reservados".
La sola Presidencia los tiene por 240 millones mensuales (cuatro millones de dólares cada 10 meses), sin obligación de rendir cuenta. Requerido el SII, dictaminó que los gastos reservados no eran investigables.
Luego, el Congreso condonó todo ("hecha la trampa, hecha la ley") e incorporó los billetes al sueldo de los ministros. Esto, de paso, significó aumentar en igual monto la dieta parlamentaria.
"Una mano lava la otra, y las dos lavan la cara".
Pero los cuatro millones de dólares que, según denuncia norteamericana, habría mantenido Augusto Pinochet en un banco de allá sí son investigables.
Pinochet nunca cobró una comisión ni pagó un sobreprecio, pero esto no puede quedar así.
El gobierno contrata a un abogado de izquierda para perseguirlo. El Consejo de Defensa del Estado ahora sí se moviliza.
El SII esta vez investigará, haya o no de por medio gastos reservados. Y el presidente Ricardo Lagos proclama, sin que se le mueva un músculo de la cara:
"Nadie está por sobre la ley". Yo le preguntaría: "¿Y usted?".
*Analista político chileno.
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