Crisis de valores

Muchas veces disiento con quienes afirman que la humanidad nunca vivió épocas tan desesperadas como la actual. Reconozco que hay motivos para que muchos panameños y panameñas sientan que el escenario en el que estamos es un escenario sin esperanza. Ese sentimiento es particularmente lacerante en los pobres, que son muchos y que cada vez son más en Panamá. En el pronunciamiento que hizo el 4 de Julio la Conferencia Episcopal Panameña está consignada "la esperanza de que la corrupción, pecado que clama al cielo, en el que incurren personas, gremios y clases dirigentes y que afecta las estructuras públicas y privadas, sea combatida con valentía y coherencia por quienes ejercen la autoridad, con la colaboración generosa de panameñas y panameños sostenidos por una fuerte conciencia moral".
En el párrafo que he transcrito me ha parecido entender que la esperanza no está invocada como la virtud teologal que en la doctrina cristiana hace trilogía con la fe y la caridad. He entendido que está mencionada como una virtud cívica y que la Conferencia Episcopal Panameña confirma así su compromiso con los esfuerzos que debe hacer la sociedad panameña entera, esto es la sociedad política, la sociedad civil, la sociedad eclesiástica, para asegurar un marco de convivencia pacífica y de progreso en Panamá. He entendido que los obispos han señalado -una vez más- que esa convivencia está en peligro si no se sitúa a la moral como brújula de la sociedad, si no se sitúa a la ética como cultura, como comportamiento cotidiano de todos los ciudadanos.
Otros sectores de la sociedad panameña están dando testimonio de ese mismo compromiso. El 10 de julio tuvo lugar el Foro de Ética en la Política, convocado por la Fundación Panameña de Ética y Civismo, en el cual se registraron las disertaciones de Luis H. Moreno, de Rubén Arosemena Valdez y del ex Presidente del Uruguay Julio María Sanguinetti. Estos testimonios parecen demostrar que no somos pocos los que todos los días hacemos con profunda pena, con sincera tristeza y con gran preocupación, la contabilidad de los actos, de las acciones en los que la corrupción le gana la partida a la honestidad y bondad básicas de los panameños. Esa contabilidad también la hacemos las veces en que observamos que la descomposición de nuestras instituciones le gana la partida a las aspiraciones de ver fortalecidos nuestro sistema democrático y nuestra cohesión social. La sociedad es víctima de los corruptos que en la geometría de su conducta aplican la regla de que "la línea de curva es la más corta" y que "con sólo pautas torcidas se hacen renglones derechos".
Casi todos los días en Panamá se conoce, se toma conciencia de la comisión de actos bárbaros que no se dan solamente en la esfera de la delincuencia común y calificada. Encontramos en la política sedimentos de una barbarie que nos viene del fondo de nuestra historia republicana y hasta del fondo de nuestra historia general.
Ya en 1849, en sus "Principios de Moral Política" don Justo Arosemena nos decía que "la marcha de la Administración no se conforma con los estatutos legislativos, de donde nace una pugna ridícula entre las disposiciones escritas y las providencias de mero hecho. Un estado semejante es casi siempre efecto de poca armonía entre las instituciones y el carácter del pueblo." Para don Justo el sistema es inadecuado, descansa en una base movediza, está dislocado, no es real, es una ficción. Los códigos son cuadernos, y los artículos son letras.
No han perdido actualidad las reflexiones que hiciera don Justo en 1844 al presentar la primera edición del periódico "El Movimiento", cuando acuñó la frase "Moralizar es mejorar". Sostenía que "motivos engañosos extravían al hombre y lo precipitan en el crimen y el vicio, que no son sino la preferencia acordada a intereses menores en perjuicio de intereses mayores." Agregaba que "debilitar y refrenar los motivos seductores; fortificar y extender los motivos tutelares, es hacer a los hombres mejores, y es moralizarlos."
"El Código Penal -concluía don Justo- castiga con demasiada severidad delitos pequeños, e impone menores castigos a grandes crímenes. Esto hace las unas penas dispendiosas, y las otras ineficaces. Esto hace que el pueblo acuse de injusticia semejantes absurdos. Esto hace que se pierda la veneración debida a la gran ley. Sí, la gran ley, porque el Código Penal es la verdadera salvaguardia del ciudadano, el único fiador de las garantías. Sin él, todas las constituciones son inútiles, todas las demás leyes nugatorias".
La barbarie política sedimentaria, a que antes me he referido, se ha visto reactivada por otra barbarie que muchas veces es anónima pero que no logra disfrazar su componente económico y hasta tecnológico. Día a día se acentúa la impresión de que el país está inmerso en una ominosa situación moral que alcanza al sector público y al sector privado, afectando negativamente a la hacienda pública y a la economía nacional. No cabe duda que hay una crisis de credibilidad y de confianza que se ha generalizado.
Aunque los panameños nos consideremos racionalistas y modernos todos los días tenemos motivos para sentirnos amenazados por el retorno de una especie de paleolítico interior. Todos los días hay indicios de que hay primitivismos, arcaísmos y vicios en la actuación de los dirigentes políticos, empresariales, sindicales y de todo orden, que deben superarse. De lo contrario pagaríamos un precio ruinoso. Caeríamos en una discapacidad que lo único que nos permitiría, al igual que los perros cuando le ladran a la luna, sería gritarle a la muerte de nuestra democracia, a la decadencia de nuestro país, a la depauperación de nuestro pueblo.
Cada vez que observamos que en nuestro país las promesas electorales en vez de comprometer a los elegidos se convierten en razones de desesperar de los electores, cada vez que vemos que en el campo de la economía se imponen los más fuertes como el pez más grande se come al más chico, cada vez que la aplicación de la ley y la justicia sólo se constata con relación a los más débiles, cada vez que sabemos de casos de contaminación de los alimentos, del agua, del medio ambiente provocados por acciones y decisiones de las autoridades, cada vez que vemos frágiles y manipulados los emblemas de nuestras libertades, sentimos que estamos viendo la multiplicación de cadáveres en nuestra realidad nacional.
Estamos a tiempo de sobreponernos antes de caer en un estado agónico generalizado. La situación de debilidad moral y anímica debe ser enfrentada con la esperanza. Pero para que esa esperanza tenga sentido debe ir ligada al esfuerzo, debe coincidir con actitudes cívicas en las que todos asumamos las responsabilidades que estamos obligados a asumir.
Estamos, pues, refiriéndonos a la esperanza como una virtud cívica que nos impulsa a actuar con el ánimo de aquel noble holandés que al enfrentarse al desastre político, militar y personal que lo acechaba acuñó la divisa: "No hay que esperar para emprender".
Anticiparse al desastre y tomar las iniciativas supone que los panameños tengamos una ética de futuro que al mismo tiempo que nos permita tener una permanente conciencia de que sin valores éticos no se puede tener cohesión social, nos permita calcular el precio de castigo derivado de la inercia y de la inacción.
Después del 31 de diciembre de 1999 las presentes generaciones de panameños y panameñas estamos comprometidos a seguir la consigna de don Justo Arosemena: "Hemos avanzado lo bastante para que una retrogradación se haga impracticable; mientras que por otro lado, tampoco marchamos derechamente. De todos modos, lo que hoy nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad, es la falta de moral pública.
Para el régimen a que estábamos sometidos... nuestra educación era adecuada, puesto que llenaba las miras de nuestros opresores. Mas después que hemos sido arrojados de improviso a un orden de cosas tan diverso, nuestras ideas deben ser otras; deben estar acordes con la nueva vida política, si es que deseamos realmente sacar fruto de ella." (Dr. Justo Arosemena, "Principios de Moral Política redactados en un Catecismo", Editado por Imprenta de Cualla, Bogotá 1849".De ahí que los valores éticos sean asidero y cimiento de la sociedad y sean agentes, talvez los más activos, de cambio y de transformación. Los valores morales son los soportes de la esperanza cívica y de la paz social.
Sobre la petición de la AMIFUP, El Panamá América contactó al contralor de entonces, Rubén Darío Carles, quien se limitó a decir "no me acuerdo, cuando tú averigûes en la Contraloría, háblame".
No obstante, el Informe del Contralor General de la República del 1 de marzo de 1991, en su Capítulo 1 sobre la Situación de las Finanzas Públicas, expone la Situación de Ingresos y Gastos del Gobierno Central, estableciendo como Ingresos No Tradicionales-No Recurrentes los que fueron producto de fondos, ya sea en efectivo o en cuentas bancarias, encontrados después del 20 de diciembre de 1989.
"Los fondos en efectivo corresponden al dinero decomisado por las autoridades de los Estados Unidos en poder de altos personeros del régimen anterior y a los encontrados en la bóveda de la Lotería Nacional. El resto está compuesto por los excesos encontrados en las cuentas bancarias de algunas entidades descentralizadas y otros fondos que no se justificaba su existencia. Estos ingresos No Tradicionales-No Recurrentes, también fueron incorporados a los ingresos presupuestarios del año 1990", subraya el informe.
El actual contralor, Alvin Weeden, no accedió a hacer comentarios sobre el caso de la AMIFUP, a diferencia del ex presidente de la república, Guillermo Endara, quien sí se pronunció señalando que los altos miembros de las antiguas Fuerzas de Defensa se apoderaban de la plata de esa asociación.
"Lo que me viene a la memoria es que cuando llegué al poder, esa asociación estaba totalmente saqueada, fue una canallada, pues le robaron a los guardias que son personas humildes", declaró Endara a El Panamá América.
A juicio del ex gobernante panameño los "grandes jefazos" del Estado Mayor de las antiguas Fuerzas de Defensa hacían lo que "les daba la gana" con los dineros de la AMIFUP.
Para Endara, el Estado no es responsable de lo que aconteció con esos fondos, porque fueron personas individuales las que los tomaron. "Cuando nosotros cogimos el Estado, no había nada de plata. Eso de que había cheques serían papeles sin pago de ninguna clase", puntualizó Endara.
"Vale la pena que se investigue, sobre todo aquéllo que se refiere a la sustracción de dineros por altos oficiales del Estado Mayor", indicó Endara. Consultado sobre este caso, el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Luis H. Moreno, dijo que mientras estuvo al frente de la institución en el período post invasión nadie solicitó que se rindieran informes sobre los presuntos dineros pertenecientes a la AMIFUP.


En su opinión, lo que tienen que hacer los que reclaman dineros de esta índole es "verificar a nombre de quién estaban esos fondos y dónde estaban esos dineros, eso es lo que tienen que hacer".
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".


A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.