De pandillas del barrio a cárteles locales

El fenómeno de las pandillas en Panamá ha dejado de ser un problema exclusivo de convivencia urbana para convertirse en una compleja estructura del crimen organizado. Sus raíces se remontan a finales de la década del 70 y principios del 80 con la aparición de agrupaciones pioneras como el clan agua y las zapatillas negras, sin embargo el verdadero punto de quiebre ocurrió tras la disolución de las fuerzas militares en 1989, un vacío del poder y control que propició la proliferación de bandas juveniles en sectores vulnerables como San Miguelito y principalmente en las provincias de Panamá y Colón.

Lo que inició como pequeñas agrupaciones de barrio motivada por disputas territoriales y de identidad, ha evolucionado de manera alarmante al punto que tenemos 121 pandillas activas identificadas. Existen factores socioeconómicos como el desempleo, la deserción escolar, la exclusión social y falta de oportunidades que han sido el caldo de cultivo perfecto, para reclutar jóvenes y que con el paso de los años estas estructuras han encontrado en el narcotráfico un motor que ya hoy día le da una expansión internacional.

Hoy día las pandillas han mutado hacia corporaciones delictivas del crimen organizado como Bagdad o Calor Calor extendiendo sus tentáculos desde los barrios tradicionales y se han ido extendiendo a barrios exclusivos y sectores del interior del país.

La promesa de dinero rápido, poder y una falsa sensación de pertenencia del grupo delictivo atrae a menores sin valores y cada vez más jóvenes convirtiéndolo en el músculo operativo de un negocio que alimenta las estadísticas de homicidio en todo el territorio nacional.

Para transformar esta realidad, el país cuenta con un marco especializado en la criminología la Ley 328 de 2022 Que establece la Política Criminológica en la República de Panamá, normativa que busca trascender el enfoque meramente policial y punitivo para instaurar una política de Estado basada en la ciencia, la prevención estratégica y la coordinación institucional, reconociendo la violencia delictiva como un problema social que requiere diagnósticos precisos más allá de la simple reacción de seguridad.

Las soluciones integrales al problema exigen la aplicación de esta política mediante acciones coordinadas institucionales como la recuperación de espacios públicos con enfoque comunitario, resolver el vacío que han dejado los corregidores hoy día llamados jueces de paz, crear oportunidades reales de inserción laboral para los jóvenes en riesgo, fortalecimiento de la inteligencia financieras para debilitar las finanzas de las estructuras criminales y una reforma penitenciaria integral que evite que las estructuras delincuenciales sigan desde los centros penitenciarios.

Solo combinando la estrategia científica vigente desde el año 2022 en la Ley 328 con una fuerte inversión social se podrá desarticular el ciclo de violencia que atrapa la juventud panameña, de nada nos sirve un país con mucha inversión extranjera donde los niveles de inseguridad y los homicidios son altos.

Dentro de este modelo, donde la justicia penal es a través de un Sistema Penal Acusatorio que cumple 15 años de aplicación en nuestro país, la integración de una política criminológica, resulta fundamental porque permite sincronizar la persecución penal con la investigación científica y la inteligencia estratégica, evitando que los tribunales actúen de manera aislada frente a un fenómeno tan dinámico y asegurando que las investigaciones no solo procesen delitos individuales, sino que desmantelen, las finanzas , redes de apoyo, cadenas de mando de las estructuras criminales.

Ya las pandillas se han convertido en cárteles locales y necesitamos resolver de manera integral el problema social con una política pública, aplicando la visión de la política criminológica con sus principios, estrategias científicas, trabajando policía nacional, estamentos de seguridad, Ministerio Público, Órgano Judicial, Ministerio de Gobierno a través del Sistema Penitenciario, la academia y el sector empresarial para desarticular el ciclo de violencia que atrapa a la juventud panameña.