Deben ser los mejores

Somos de la opinión que los mejores profesionales del derecho son los que deben ocupar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Pero nos preguntamos: ¿Quiénes son los "mejores"?. No pretendemos abarcar en este artículo a los miembros de una determinada elite social o referirnos a cualquier persona influyente de nuestra sociedad. Al hacer alusión a los mejores, sencillamente comprendemos a:
1. Aquellos profesionales del Derecho, que hicieron de su vida una vocación puesta al servicio de la justicia (como abogados particulares, profesores o funcionarios judiciales). 2. Aquellos dotados con la mayor preparación académica y cuenten con el máximo cúmulo de conocimientos en distintas disciplinas jurídicas. 3. Con reconocidos méritos profesionales debe tratarse, a su vez, de eruditos con incuestionables trayectorias y, 4. honestidad, rectitud en su desempeño, y al tomar posesión del cargo, deben garantizar independencia e imparcialidad.
En fin, sin importar a qué clase social pertenezcan o qué ideales políticos profesen, los candidatos deben reunir como mínimo (entre otros) estas cualidades. Opinamos que en nuestro país se debe convocar a una reforma constitucional, en la cual se modifique el actual sistema por el que un ciudadano (Que por supuesto cumple con los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley) sea nombrado por el Presidente de la República y posteriormente, ratificado por la Asamblea Legislativa. En este sentido, es nuestro parecer que hoy día la postulación de algún individuo para ocupar una magistratura en la Corte Suprema se ha convertido en una especie de estrategia a seguir por la clase política, ya que percibe la asunción al cargo más como una oportunidad para alcanzar una posición política dentro del gobierno, que la representación de una dignidad.
Lo más recomendable sería, entonces, reformar este método, a fin de que el designado, de resultar ratificado, adquiera conciencia del " alto fin que va a cumplir", tal como señala el Código Judicial y no se convierta la posición de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en otra de las prebendas políticas ofrecidas por el gobierno de turno.
Ya ilustres juristas como el Dr. César Quintero, con quien compartimos este criterio, afirma que: "La Asamblea se ha limitado, casi siempre, a homologar el nombramiento que haga el Ejecutivo. De donde resulta que es éste quien nombra a discreción los magistrados, y el criterio que sigue es más el de dispensar favores y retribuir servicios públicos -cuando no personales y familiares- que el de llevar a tan delicada posición a personas realmente idóneas y capaces". (Quintero, César. "Principios de Ciencias Políticas". Edit. Manfer. San José, Costa Rica, 1991). Recomendamos, pues, que los magistrados resulten electos de una lista suministrada por elevados tribunales del propio Organo Judicial, de los miembros del Colegio Nacional de Abogados y otros gremios abogadiles, así como de los profesores de derecho que ejercen en las distintas facultades de las universidades públicas y privadas de Panamá. Fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, tan solo por mencionar algunos, el Dr. César Quintero y el Dr. Molino Mola. No pretendemos hacer un ensayo discriminatorio sobre quiénes deben ocupar determinado cargo público; pero sí nos preocupa quiénes llegarán a ser la luz guiadora del Derecho y la jurisprudencia nacional.