El 20 de Diciembre de 1989

Ex Presidente de la República

En la memoria de la Patria está inscrito con letras luctuosas el hecho de que poco después de la media noche del 20 de diciembre de 1989, Panamá fue víctima de una cruenta invasión por parte del ejército de los Estados Unidos, decretada por el gobierno de George Bush, con el sarcástico nombre de "Operación Justa Causa".
Todavía está fresca en la mente de los panameños los increíbles ataques que por tierra, mar y aire se ejecutaron en Panamá por las fuerzas estadounidenses ese 20 de diciembre. Se recuerda con dolor y amargura que no se hizo distinción alguna entre las personas que tomaban parte activa en las hostilidades y la población civil; que no se puso a los civiles de El Chorrillo y áreas aledañas a salvo de los estragos de los ametrallamientos y de los bombardeos; que no se adoptaron las precauciones necesarias para evitar que la población civil padeciera heridas, pérdidas o daños; que las viviendas y otras instalaciones civiles fueron objeto indiscriminado de operaciones militares, que ante la presencia pasiva y complaciente de los soldados invasores, no se previnieron los saqueos ni los cuantiosos daños al comercio, la industria y el agro; y que numerosos muertos no fueron identificados y fueron sepultados en fosas comunes en contravención con todo sentido de humanidad y con las normas del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de Personas Civiles.
La violación del derecho internacional por el país invasor fue reconocida, desde el primer momento, por entidades norteamericanas de mucho prestigio como la Americas Watch y el Colegio de Abogados de Nueva York. Los abogados de Nueva York, en un estudio titulado "The Use of Armed Force in International Affairs: The Case of Panama", dejaron en claro que carece de precedente y en su concepto es irrazonable aducir que un Estado puede invadir el territorio y cambiar el gobierno en ejercicio de un país que es su contraparte en un tratado, para los fines de evitar que se invoque en el futuro la doctrina del Derecho de los Tratados, relativa al cambio fundamental de las circunstancias.
A iguales o parecidas conclusiones arribaron eminentes juristas de los Estados Unidos como Louis Henkin, profesor emérito de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Derechos Humanos de los Estados Unidos y David J. Scheffer, ex consejero legal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos.
El tema de la invasión a Panamá fue mencionado a comienzos del presente año 2000, por mi colega en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, el profesor John R. Dugard, de Sur Africa, en su Primer Informe sobre la Protección Diplomática, en el cual se refirió al abuso considerable de la Protección Diplomática de los extranjeros. Mencionó en su Informe el Profesor Dugard que la intervención militar de los Estados Unidos, so pretexto de defender a nacionales estadounidenses en América Latina, ha continuado hasta épocas recientes. Específicamente citó las intervenciones en Granada en 1983 y en Panamá, en diciembre de 1989.
A fin de evitar equívocos, señalé ante la Comisión que el caso de Panamá no puede justificarse como una instancia de defensa a nacionales estadounidenses. En esencia, los Estados Unidos invadieron a Panamá con un contingente de 25,000 tropas, que en opinión de destacados juristas de diversas nacionalidades, obedeció a circunstancias que no justificaban el uso de la fuerza.
La invasión significó un retroceso en las relaciones de los Estados Unidos con las Naciones de América Latina y el Caribe, causando un distanciamiento que ha lesionado profundamente los progresos realizados al impulso de la Doctrina de la Buena Vecindad del presidente Roosevelt y de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, así como por los constructivos programas del Presidente Clinton y del presidente Carter, que tan honda huella han dejado en Panamá y en el hemisferio.
En opinión del Premio Nobel, Octavio Paz, "nada justifica la conducta de Washington. La invasión de Panamá fue una acción anacrónica y reprobable. Aunque Noriega es autor de graves delitos, los Estados Unidos no tenían derecho de aprehenderlo en un territorio que no es el suyo." "Lo más asombroso de la intervención norteamericana en Panamá, -a juicio de Octavio Paz-, fue la enormidad de los medios empleados y la pequeñez del objetivo. Una operación de policía transformada en una acción de guerra en la que participaron más de 20,000 hombres con aviones, tanques y armas modernas. El costo de la invasión ha sido alto en vidas y en riquezas. Su costo político ha sido más elevado: un oleaje de reprobación en América Latina." (Octavio Paz, "Pequeña Crónica de Grandes Días - Panamá y otros Palenques", Fondo de Cultura Económica, 1990).
La Asamblea General de las Naciones Unidas, al ventilar el caso de la invasión, no se limitó a deplorar enérgicamente el acto ilícito internacional cometido por los Estados Unidos. En su resolución 44/240 del 29 de diciembre de 1989, la Asamblea Mundial pronunció un virtual veredicto de condena, calificando la intervención en Panamá por las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América " de constituir una flagrante violación del Derecho Internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de los estados". A la vez que exigió el cese inmediato de la intervención y la retirada de Panamá de las tropas invasoras, exigió también "el pleno respeto y la fiel observancia de la letra y el espíritu de los Tratados Torrijos-Carter".
Todos los países del Grupo de Río, con excepción de Panamá que votó en contra, votaron a favor de la resolución 44/240 que reafirmaba la soberanía y la integridad territorial de Panamá y que exigía el cese inmediato de la intervención y la retirada de las fuerzas invasoras, a la vez que exigía además el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter y exhortaba a todos los estados a que apoyen y respeten la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Panamá. El voto de Panamá en contra de la resolución 44/240 fue también en su contra y queda sujeto al juicio inexorable de la historia.
¿Quién cometió ese delito de lesa-patria? No lo cometió únicamente el Delegado que apretó la tecla roja del mecanismo computarizado de votación de las Naciones Unidas. Es doloroso admitirlo, pero, para la historia, el voto contra Panamá sólo pudo consignarse por instrucciones del Presidente de la República de Panamá y por instrucciones de su Ministro de Relaciones Exteriores.
A 11 años de la pesadilla de la madrugada del 20 de diciembre de 1989, recordemos los panameños y las panameñas que se nos colocó en un callejón sin salida y se nos sometió al ultraje, a la humillación y a la vergüenza. En palabras de una gran mujer panameña "la Just Cause era la peor resurrección de nuestros peores miedos. No tuvo una gota ni de racionalidad, ni de caridad que suavizara la crueldad del golpe."
En medio del desastre de la invasión una idea se hizo muy fuerte en el ánimo colectivo: había que salvar la convicción de que Panamá podía seguir viviendo con dignidad. La invasión norteamericana sólo deshonraba a quienes la aplaudían, la aceptaban o la defendían. Esa idea se fue afirmando en el curso de los días, los meses y los años. Hoy, aunque han transcurrido 11 años de los hechos, nuestro rechazo y nuestra condena de la invasión no es un asunto del pasado. Es un rechazo que va hasta el fondo del futuro. Es una herida con una cicatriz que dura para siempre, y que sigue en espera de la plena indemnización y de un justo desagravio.
Las reivindicaciones logradas en los Tratados Torrijos-Carter han contribuido enormemente al proceso de definición de la conciencia nacional del panameño. Creo que tenemos que seguir luchando por definir mejor nuestra conciencia nacional. Desde la invasión guardamos el sentimiento profundo de que nuestra fe en la redención también actúa, como fuerza y como aliento, cada vez que nos proponemos seguir haciendo positivamente una historia nacional regida por la voluntad, la razón, los ideales y las aspiraciones de los panameños.