El abogado y su toga: a propósito del nefasto estado de cosas

No podemos concebir, me resulta indignante por demás que sorprendente que en este país estemos aplaudiendo cuestiones que a la razón humana, al respaldo de los textos plasmados en las leyes y en los libros, en la jurisprudencia y en la filosofía del derecho son ilógicas, carentes de razonabilidad, amén de estar, claramente, revestidas de intereses políticos o de favoritismos de la misma naturaleza.

Creo que como juristas debemos tener claridad que una cosa es cuando atendemos una causa, sea de la clase jurídica que fuere, desde la perspectiva de abogados defensores o querellantes, y buscamos, afanosamente, la arista legal que nos permita llevar a puerto seguro el caso.

Eso es comprensible: el abogado que defiende o acusa presenta pruebas y razones ante un juzgador que decide la causa mediante la sentencia.

Pero cuando se trata de emitir opiniones legales o que tengan esa trascendencia, en asuntos o temas en los que está de por medio la propia institucionalidad con que funciona la patria, o relativos a la cosa pública y/o a la objetividad de las leyes, no podemos concurrir al escenario público expresando criterios con apariencia de "legalidad" que, al final de cuentas, dicen mucho de la propia masa o contextura moral del profesional que expresa su opinión en tal o cual sentido, a sabiendas de sus equivocaciones o errores del enfoque que presenta.

Todo jurista, que se repute como tal, sabe, en su interior, cuando emite un criterio equivocado o razonado, sin o con fundamentos jurídicos.

Pero sabemos que el derecho se pervierte, en no pocas ocasiones, cuando se trata de asuntos políticos.

Si se está en el poder o se es afecto al mismo, las opiniones de juristas que pueden caer en la tentación de dar sus opiniones jurídicas en aras de mantener alegres a los detentadores del poder y, cuando no, en pro de aquellos menesteres que interesan al poder, así y aun, a pesar de que toda una gran casta de profesionales del derecho le estén diciendo o expresando lo contrario a su criterio legal.

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Lo descrito lo acabamos de vivir en nuestro suelo frente al caso del exmandatario Martinelli Berrocal.

Abogados y profesores de derecho que hemos dedicado nuestra vida a la enseñanza y al estudio del mismo, lo veníamos advirtiendo, y ello alejados de intereses políticos o manifiestamente demagogos, señalando que la Corte no tenía competencia para juzgar al expresidente.

Algunos juristas, de mucho renombre, quede claro, pero con inclinaciones al poder o enemigos acérrimos del acusado, dijeron lo contrario.

Es decir, que sí tenía la más alta corporación de justicia en Panamá tal competencia.

El problema es que no brindaban las razones.

Y cuando señalaban una que otra, estas carecían de sustento o fundamento en la legislación nacional.

Más aún.

Dada a conocer la decisión de la Corte en la que sostuvo no tener la competencia para el juzgamiento penal del exmandatario, un renombrado constitucionalista escribió o declaró que: "El proceso no puede estar por encima de la justicia".

No podía creerlo cuando leí semejante afirmación.

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El proceso, lo dicen los grandes maestros y teóricos, vino a ser, en el devenir de la historia de la humanidad, tras su aparición como método humano y racional para dirimir los conflictos producto de la interacción humana, más importante que la rueda.

La rueda permitió el progreso y desarrollo en la industria, en la tecnología, en fin; pero el proceso como método dialéctico para heterocomponer esos conflictos permite el orden, la paz y la estabilidad social entre los hombres.

Otra cosa será que el proceso propenda a la justicia, pero aun sobre este tema, para los procesalistas hay aún mucha tela que cortar.

Pues lo que se debate en el proceso tiene como fin encontrar una certeza negativa o positiva frente a los hechos (pruebas) y que se declara a través de la sentencia y no es preocupación del proceso aquellas cuestiones relativas a la verdad o a la justicia.

El proceso no puede concebirse como el Oráculo de Delfos, jamás.

Pues en lugar de jueces y fiscales, tendríamos que designar sacerdotes y sacerdotisas.

Finalmente, insto a los abogados a reclamar su espacio forense, el que ganaron meced a mucho estudio y consagración durante tantos años.

No puede ser cierto, jamás, que los legos opinen y se roben ese espacio, sino cada día seremos menos abogados, apabullados por seudovoceros de una clase política que se cree saber de todo. Y lo peor, lo hacen con tanto denuedo y autoridad como si realmente conocieran derecho.

Abogado.