... la Ley del SIACAP también autoriza una capitalizadora propiedad de la CSS. ... la misma desaparecería en el nuevo esquema, ya que la CSS sería despojada de sus funciones relacionadas con las pensiones. ...se propone la creación de un Ente Regulador de Pensiones. Este ente "regularía" a las capitalizadoras privadas.
El asegurado que quiera garantizarse una mensualidad hasta el momento de su deceso, tendrá que comprar en una aseguradora privada una renta vitalicia. Foto: EFE.
En su escalada contra la seguridad social solidaria algunos miembros del autodenominado grupo de los preocupados han propuesto, con la ayuda de los medios de prensa dominados por los sectores económicamente dominantes, un nuevo conjunto de reformas al programa de IVM de la Caja de Seguro Social (CSS). Se trata de un conjunto de medidas y argumentos, evidentemente clonan los utilizados por la dictadura de Pinochet para imponer el infame modelo de cuentas individuales de Chile.
A fin de liquidar del todo el modelo solidario de pensiones de la CSS, ahora se propone que todas las personas con menos de 45 años de edad inscritos en el mismo deberán, de manera forzosa, migrar a un sistema de cuentas individuales puro.
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Para asegurarse que se trata de un sistema de cuentas individuales puro, que busca clonar el modelo chileno, también se propone eliminar el componente de beneficio definido del llamado Subsistema Mixto.
El mecanismo para realizar esto también copia la fórmula del gobierno de Pinochet. Se trata de entregarle a cada asegurado un "bono de compensación", el cual tendría un monto equivalente a las cuotas aportadas por el mismo.
Se trata de un atraco, ya que las mismas no se estarían acreditando con algún nivel de capitalización, siendo también cierto que se trata de un dinero duramente depreciado en su valor adquisitivo por la inflación. Así, por ejemplo, una cuota aportada hace 15 años habría perdido el 47.8% de su valor.
Además, se propone que estas cuentas sean manejadas por el SIACAP o por un organismo semejante. Es aquí donde se le cae la careta a los sectores económicamente dominantes, apareciendo nítidamente su modelo privatizador.
Aún cuando el SIACAP es un órgano público, lo cierto es que es la Entidad Registradora Pagadora, que es una empresa privada con fines de lucro, la que realiza la apertura de las cuentas individuales, los cálculos y la autorización de pagos a los beneficiarios. Más aún, en la capitalización de los fondos también participa un consorcio privado. En ambos casos, las empresas privadas participantes están vinculadas a las actividades de los fondos de pensión privados y siendo parte de poderosos grupos financieros locales.
Se podría alegar que la Ley del SIACAP también autoriza una capitalizadora propiedad de la CSS. Sin embargo, es lógico pensar que la misma desaparecería en el nuevo esquema, ya que la CSS sería prácticamente despojada de sus funciones relacionadas con las pensiones. A tal extremo esto es así, que se propone la creación de un Ente Regulador de Pensiones, obviamente capturado por el capital financiero, que reemplazaría a la CSS. Este ente "regularía" a las capitalizadoras privadas.
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Se debe destacar, además, que el SIACAP y los organismos semejantes no están diseñados para entregar una mensualidad al momento de la jubilación. A esa fecha, simplemente, entrega la totalidad del fondo acumulado en la cuenta del asegurado, en condiciones que el cuentahabiente corre con todos los riesgos de las fluctuaciones de los valores en que se encuentran invertidos sus fondos.
El asegurado que quiera garantizarse una mensualidad hasta el momento de su deceso, tendrá que comprar en una aseguradora privada una renta vitalicia. Estas, de acuerdo a la experiencia, son sumamente costosas. Henry Aron, por ejemplo, afirma en un artículo titulado Social Security: Tune It Up, Don't Trade It In, que el costo de las mismas puede llegar hasta el 20.0% de los fondos de los asegurados.
Estamos, entonces, frente a un ataque a la población en el que los autoproclamados "ciudadanos preocupados" pretenden imponer medidas paramétricas que trasladen el costo de la Ley 51 a los asegurados, así como la práctica privatización de la CSS. Es urgente denunciar estos intentos y divulgar la propuesta de los sectores sociales.
Economista.
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