El camino de la transición

El presidente electo Juan Carlos Varela debe estar pasando por un momento nada envidiable: debe estar recibiendo cada minuto, toda clase de hojas de vida, recomendaciones, asesorías no solicitadas, peticiones de reuniones de empresarios locales y extranjeros para, igual como hicieron con el presidente anterior, y con el anterior y así sucesivamente, ponerse a las órdenes de la nueva estructura gubernamental.

Lo anterior no es posible de hacer en dos meses en la ciudad de Panamá. El presidente electo y su equipo más cercano deben, plano de la configuración gubernamental en mano, salir a un lugar del interior o exterior no determinado y comenzar con este largo proceso.

En esta ocasión es más complicado. Son 14 instituciones del Estado, incluyendo el contralor general, el fiscal general y el director de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, estas instituciones fundamentales en garantizar la operatividad del Estado, que mantendrán a las autoridades escogidas por el actual presidente Ricardo Martinelli; las cuales tienen un periodo que finaliza, en algunos casos, más allá de la nueva administración.

Por otro lado, el Partido Panameñista y su socio minoritario, el Partido Popular, deben negociar con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) la posibilidad de controlar la Asamblea Nacional, lo más seguro para que este último asuma su presidencia y permita, al menos los dos primeros años, garantizar una mínima gobernabilidad por parte del nuevo ejecutivo. Esto último puede cambiar si el partido Cambio Democrático termina negociando con diputados del PRD, descontentos con su dirigencia y dispuestos a dar el salto de tolda política por puestos en el Órgano Legislativo de relevancia.

Con este panorama, la dirigencia de los partidos políticos que gobernarán el país no tendrán un margen de maniobra muy amplio para diseñar nuevas políticas públicas en diversas y críticas áreas que así lo necesitan.

El nuevo gobierno puede caer en el error recurrente de sus predecesores, de querer mostrar hechos cumplidos los primeros 100 días de gobierno de manera rápida y fácil. Eso podría ser perjudicial para la economía y estabilidad social del país. La ya anunciada solicitud de renuncias a funcionarios, que si bien es cierto en muchos casos es un clamor popular, así como la también anunciada paralización y revisión a través de sendas auditorías de macro-proyectos de infraestructura ya iniciados, crearán incertidumbre en el inversor y desenfocarán al nuevo gobierno de sus promesas electorales a largo plazo.

En materia económica, todo seguirá igual a pesar de que se ha anunciado una “revisión de lo actuado”. El equipo económico del nuevo gobierno es el mismo que participó durante los primeros 26 meses de la administración que está por finalizar, y fue en ese periodo que se establecieron las bases de lo actuado, de una manera u otra, durante el resto de la administración.

NUESTRO PAÍS REQUIERE UNA NUEVA CARTA MAGNA, MODERNA Y FUNCIONAL. LIMPIA DE LOS VESTIGIOS TOTALITARIOS Y MILITARISTAS DE LA QUE SE HAN APOYADO TODOS LOS ANTERIORES PRESIDENTES DE NUESTRO PAÍS DESDE 1989 PARA ASUMIR COMO VERDADEROS REYES POR 5 AÑOS. LO QUE ME PREOCUPA ES EL TIEMPO QUE SE LE VA A DEDICAR A SEMEJANTE EMPRESA.

He escrito varias veces que el problema educativo pasa por la infraestructura. Es cierto que hay que trabajar el tema de la calidad, pero es claro que el sistema educativo público es un fracaso, especialmente porque los colegios con doble turno no garantizan que el producto final pueda contar, al menos, con las mínimas herramientas que sí ofrecen los colegios privados de un solo turno y la infraestructura requerida para que los jóvenes compitan con el recurso humano extranjero, cada vez más presente en nuestro mercado.

En cambio, parece que hay una debilidad del nuevo gobierno por enfocar la mayor parte del capital político, en una no muy clara reforma constitucional y proyectos planteados muy por encima en el ámbito social.

Está claro que nuestro país requiere una nueva carta magna, moderna y funcional. Limpia de los vestigios totalitarios y militaristas de la que se han apoyado todos los anteriores presidentes de nuestro país desde 1989 para asumir como verdaderos reyes por 5 años. Lo que me preocupa es el tiempo que se le va a dedicar a semejante empresa. El país no puede estar a la deriva por años mientras se evacúan los múltiples procedimientos que una actividad de la envergadura descrita requiere.

El tema social también me preocupa. El país necesita comenzar a producir la totalidad de lo que requiere para mantener su seguridad alimentaria, cosa que hoy no sucede. En contraste, parece que la reasignación de los actuales, y en su mayoría abominables subsidios, podría terminar siendo más de lo mismo si no se consulta ampliamente y se maneja de la manera más transparente.

Mucha concentración. Eso es lo que requieren los que están configurando la nueva estructura gubernamental y posibles planes de políticas públicas por el bien del país.