El Estado ante la Comisión Interamericana por el tema de libertad de expresión
COMO ES DE conocimiento público, el magistrado Winston Spadafora denunció penalmente a los periodistas Jean Marcel Chery y Gustavo Aparicio por supuesta calumnia e injuria luego que estos publicaron una noticia sobre la construcción por parte del Fondo de Inversión Social (FIS) de una carretera en La Chorrera, que, según los periodistas, un tramo llegaba prácticamente hasta la finca del hoy magistrado.
El Juez de la causa desechó la acusación de calumnia contra los comunicadores, pero los condenó a doce meses de prisión por injuria, posteriormente ambos periodistas fueron indultados por la ex presidenta Moscoso. No obstante, el magistrado Spadafora decide acudir a la esfera civil y demandar al periodista Chery, al igual que a Editora Panamá América (EPASA), por la suma de dos millones de dólares.
Ante la situación planteada y como es conocido por toda la ciudadanía, fueron muchos quienes abogaron, con sobradas razones, porque el magistrado desistiera en sus intentos por demandar al periodista y a EPASA. Periodistas, medios de comunicación, abogados, ciudadanos probos, catedráticos universitarios, sectores de la sociedad civil, organismos internacionales de prensa como también de defensa de derechos humanos se sumaron a las voces que solicitaban el desistimiento de la demanda, pero la más significativa y trascendente, a mi juicio, fue la de la propia familia Spadafora, la cual al igual que las anteriores no fue atendida por el Magistrado.
Producto de esta negativa, los directivos de Panamá América y el periodista Chery acuden a la Defensoría del Pueblo a través de la cual logran comparecer ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se solicita en primera instancia una audiencia con Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la cual se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre. En su momento, Bertoni manifestó su especial preocupación por el caso de Panamá y el interés en darle seguimiento cosa que sin duda alguna hizo, toda vez que posteriormente se concedió una audiencia en el 123 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está celebrando durante este mes, en Washington, D.C. para que se expusiera el caso de Panamá. Como consecuencia de lo anterior el abogado del magistrado Spadafora expresó lo siguiente: "mi cliente no desistirá de esta acción a pesar de la solicitud realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) por parte de los representantes de la empresa Panamá América", agregando además a nombre de su defendido, que: "la legislación panameña en materia de libertad de expresión tiene que ajustarse a la convención americana, pero mientras no ocurra, las leyes están vigentes y hay que aplicarlas". Argumentó igualmente que: "mientras no se adecue la legislación interna, el proceso no será contra Winston Spadafora sino contra el Estado panameño". (Panama América, 9/9/05).
En relación a la honra la Relatoría ha sido clara en señalar que estos casos se dan en nuestro país porque los funcionarios no hemos entendido que tenemos un estándar distinto al de cualquier otro particular cuando se trata de analizar una posible afectación del honor, la manera de sopesarlo debe ser diferente; existe la necesidad en estos casos que se demuestre la "real malicia" de los periodistas cuando escriben contra funcionarios. Debido a que los empleados públicos son precisamente eso, públicos y por tanto sus actuaciones están sometidas al escrutinio ciudadano.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de adecuar las legislación interna a los estándares internacionales propuestos por la Comisión. Mientras eso no se dé, tendremos circunstancias como las actuales que sin duda afectan la imagen del país en el extranjero.
Hoy, a las 5:00 p.m. estarán en las instalaciones de la OEA, en Washington D.C., ciudadanos panameños presentando ante los miembros de la Comisión, en su período de audiencias, un Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en Panamá. La delegación la conforman Octavio Amat, Eduardo Soto, Jean Marcel Chery, Miguel Antonio Bernal; Luis Manuel Botello y Guido Alejandro Rodriguez Lugari.
No perdemos la esperanza de que el magistrado Winston Spadafora desista de su demanda, todavía hay tiempo para ello, su negativa a hacerlo nos afecta a todos como país. Recordemos que el caso ante la Comisión es contra el Estado panameño, por cuanto es indispensable fortalecer el entendimiento entre los panameños así como el clima de tolerancia democrática, sólo así forjaremos el Estado que todos nos merecemos y queremos.
(*)Director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo y ex Embajador Alterno de Panamá ante la OEA.
El Juez de la causa desechó la acusación de calumnia contra los comunicadores, pero los condenó a doce meses de prisión por injuria, posteriormente ambos periodistas fueron indultados por la ex presidenta Moscoso. No obstante, el magistrado Spadafora decide acudir a la esfera civil y demandar al periodista Chery, al igual que a Editora Panamá América (EPASA), por la suma de dos millones de dólares.
Ante la situación planteada y como es conocido por toda la ciudadanía, fueron muchos quienes abogaron, con sobradas razones, porque el magistrado desistiera en sus intentos por demandar al periodista y a EPASA. Periodistas, medios de comunicación, abogados, ciudadanos probos, catedráticos universitarios, sectores de la sociedad civil, organismos internacionales de prensa como también de defensa de derechos humanos se sumaron a las voces que solicitaban el desistimiento de la demanda, pero la más significativa y trascendente, a mi juicio, fue la de la propia familia Spadafora, la cual al igual que las anteriores no fue atendida por el Magistrado.
Producto de esta negativa, los directivos de Panamá América y el periodista Chery acuden a la Defensoría del Pueblo a través de la cual logran comparecer ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se solicita en primera instancia una audiencia con Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la cual se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre. En su momento, Bertoni manifestó su especial preocupación por el caso de Panamá y el interés en darle seguimiento cosa que sin duda alguna hizo, toda vez que posteriormente se concedió una audiencia en el 123 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está celebrando durante este mes, en Washington, D.C. para que se expusiera el caso de Panamá. Como consecuencia de lo anterior el abogado del magistrado Spadafora expresó lo siguiente: "mi cliente no desistirá de esta acción a pesar de la solicitud realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) por parte de los representantes de la empresa Panamá América", agregando además a nombre de su defendido, que: "la legislación panameña en materia de libertad de expresión tiene que ajustarse a la convención americana, pero mientras no ocurra, las leyes están vigentes y hay que aplicarlas". Argumentó igualmente que: "mientras no se adecue la legislación interna, el proceso no será contra Winston Spadafora sino contra el Estado panameño". (Panama América, 9/9/05).
En relación a la honra la Relatoría ha sido clara en señalar que estos casos se dan en nuestro país porque los funcionarios no hemos entendido que tenemos un estándar distinto al de cualquier otro particular cuando se trata de analizar una posible afectación del honor, la manera de sopesarlo debe ser diferente; existe la necesidad en estos casos que se demuestre la "real malicia" de los periodistas cuando escriben contra funcionarios. Debido a que los empleados públicos son precisamente eso, públicos y por tanto sus actuaciones están sometidas al escrutinio ciudadano.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de adecuar las legislación interna a los estándares internacionales propuestos por la Comisión. Mientras eso no se dé, tendremos circunstancias como las actuales que sin duda afectan la imagen del país en el extranjero.
Hoy, a las 5:00 p.m. estarán en las instalaciones de la OEA, en Washington D.C., ciudadanos panameños presentando ante los miembros de la Comisión, en su período de audiencias, un Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en Panamá. La delegación la conforman Octavio Amat, Eduardo Soto, Jean Marcel Chery, Miguel Antonio Bernal; Luis Manuel Botello y Guido Alejandro Rodriguez Lugari.
No perdemos la esperanza de que el magistrado Winston Spadafora desista de su demanda, todavía hay tiempo para ello, su negativa a hacerlo nos afecta a todos como país. Recordemos que el caso ante la Comisión es contra el Estado panameño, por cuanto es indispensable fortalecer el entendimiento entre los panameños así como el clima de tolerancia democrática, sólo así forjaremos el Estado que todos nos merecemos y queremos.
(*)Director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo y ex Embajador Alterno de Panamá ante la OEA.
