El olvido de los privados de libertad

La justicia penal debe estar destinada no a la destrucción de la dignidad humana sino a la resocialización de aquellas personas que, por la comisión de una falta o delito, son privadas de su libertad. Pero el nuestro, más que un sistema de justicia, de atemorización o resocialización de los privados de libertad, ha venido funcionando como un sistema represivo, denigratorio, clasista, que nos recuerda al legislador Solón de Atenas (640-558 a.n.e.) cuando sostenía, indignado por las falacias de la justicia de su época, que "las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso".
La justicia penal, pese a la declarada separación de los poderes del Estado, hallará en los gobernantes de un país (en el Ejecutivo) climas propicios para evolucionar o para empotrarse en sus consabidas miserias. Al hacer un balance de la gestión de la ex presidenta Mireya Moscoso, muy bien pudiéramos entonar un "¡Dulce et decorum est!" por esta victoria pírrica que implicó para la sociedad darle poderes ilimitados a una persona incapaz (más preocupada por la estética personal que por la ética social) que paulatinamente fue llevando al país hacia insondables estadios de corrupción, injusticias e indignidades.
En ese despótico reino de impunidad material y moral en que devino el mireyato, nada resultó tan grosero, hipócrita y repugnante como esa cortina de humo autobautizada como "mano dura". Porque ésta no perseguía a los delitos y a los delincuentes en sí; perseguía a todos aquellos desdichados que no tuvieron el dudoso privilegio de pertenecer a este clan mireyano de delincuentes adinerados; a gente sin padrinos o sin dinero para comprar un indulto, una rebaja de pena o una libertad condicional. ¡Eso fue lo único que quedó tras las rejas antes y después de que la señora ex presidenta diera a conocer su lista de indultos reales y preventivos en beneficio, esencialmente, de los santos delincuentes de su entorno de corrupción y de frivolidades!
¡Estupidez humana! "Humana sobra", dijo Jules Renard, porque "realmente los únicos estúpidos son los hombres". Los bichos grandes, como regla, se llevan en sus patas la telaraña de la justicia. Pero hay veces en que éstos pueden ahogarse en una gota de agua o desecarse paulatinamente en la trama maltrecha de la justicia penal (Noriega, Alemán y otros). Y será en este momento aciago cuando aquellos que usaron el poder para enriquecerse y para promover operativos de "mano dura" entenderán que la libertad es como la vida: sólo hay que tenerla para perderla.
El Art. 179, numeral 12, de la Constitución Política establece como una atribución presidencial decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. La ex presidenta, violentando la Constitución, calificó como políticos los delitos pasados, presentes y futuros de todos sus allegados y protegidos (terroristas internacionales, difuntos, homicidas, traficantes de drogas, estafadores, saqueadores de la cosa pública, paqueteros electorales, calumniadores). Pero ella, la del "vox populi", no incluyó en su lista ignominiosa a ninguno de los más de 10 mil detenidos por delitos comunes que hay en todo el país.
Toda persona, por muy justa que quiera ser o parecer, puede en algún momento de su vida quedar tras las rejas. Por eso nunca debemos actuar con la mentalidad de un paquidermo y olvidarnos o mofarnos de los privados de libertad. El delincuente primario -según la doctrina y el sentido común- no es una escoria; basta que éste reconozca que ha cometido un delito, que esté arrepentido y que quiera recuperar su libertad para que se considere servida la justicia penal. Esto se prueba con la buena conducta y el deseo de resocialización del privado de libertad. Y por eso es una obligación de las autoridades no clasistas, no corruptas, garantizar que los que cumplan con estos requisitos sean reintegrados puntualmente a la sociedad mediante rebajas de penas o libertades condicionales.
Existe en Panamá un clima propicio para una auténtica justicia penal para todos los privados de libertad; tanto el Ministerio de Gobierno y Justicia como el Director General del Sistema Penitenciario son personas capaces, morales, humanistas, que comprenden perfectamente que no hay justicia cuando un gobierno, en forma maniqueísta, se empecina en castigar/destruir al que se hurta una gallina a la par que profiere indultos y condecoraciones a terroristas, saqueadores de la cosa pública y a toda clase de facinerosos de su entorno infecto para la justicia.
(samudio@cwpanama.net)