El Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad

Los estados democráticos, deben contar con instituciones eficientes y eficaces para proteger la democracia, sus habitantes y la integridad del país, garantizando que las estrategias y políticas que para tales propósitos se adopten, no vulneren derechos fundamentales y derechos humanos.

Nuestros países de Latinoamérica y sus estados, como cuestión de vida y muerte, vienen enfrentando enemigos de alta peligrosidad que tiene a la ciudadanía en permanente zozobra y cuya contención resulta imprescindible para la paz y el funcionamiento de la sociedad y sus instituciones democráticas, el crimen organizado con toda sus ramificaciones y la corrupción, su ascenso, deja traducir signos de decadencia y es por ello, reitero, es un problema que debe ser abordado conjuntamente, estado y sociedad civil.

Lo anterior es lo que nos lleva a sostener que hay que dejar esa posición, de los gobiernos nuevos, de romper y deshacer todo lo realizado por el que le precedió y en ese sentido, es necesario acabar con esa práctica de partir de cero, sin importar si lo anterior fue y sigue siendo positivo.

Cuando el gobierno del ex presidente Torrijos, planteó el proyecto que reorganizaba el Consejo de Seguridad Pública, el mismo fue objeto de críticas constructivas por el Colegio Nacional de Abogados, ya que el mismo violaba garantías fundamentales y hasta normas constitucionales. Justo reconocer al entonces Ministro Dilio Arcia, quién las acogió y el texto fue mejorado, eliminándose todos los artículos que afectaban derechos y garantías consagradas en la Carta Magna.

Una lectura del decreto ley N. 9 del 20 de agosto de 2008, que reorganiza el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional y que crea el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, es una herramienta moderna de gran utilidad para enfrentar los flagelos arriba mencionados. En esta normativa se deja claramente establecido que el Consejo, es un ente asesor del Presidente de la República y una instancia del Órgano Ejecutivo para establecer y articular políticas de seguridad y defensa del Estado. Se crea el Servicio de inteligencia y Seguridad, adscrito a la presidencia de la República y el Comité de Información y Seguridad. Todos estos organismos, según el decreto mencionado deben estar dotados de una nomenclatura organizacional donde prevalece el sentido de la coordinación y centralización, como debe ser en todo organismo de esta naturaleza dirigida a prevenir los actos que atenten contra la soberanía y la integridad del país y sus ciudadanos. Igualmente el decreto mencionado, crea la estructura de análisis de crisis, que tienen todos los estados del mundo

El decreto citado, de manera enfática, señala que todas las actividades que realicen estos organismos, no pueden violar ni atentar contra los derechos humanos.

En lo particular, soy del criterio de que el decreto mencionado constituye una buena herramienta y debería implementarse por el bien del país y los panameños.