Enfrentar el hoy del Covid-19 para avanzar al futuro

Un elemento que llama la atención en el manejo de la política económica del Gobierno es la clara ruptura entre la visión de corto plazo y lo que sus funcionarios llaman "el día después".

Es cierto que las medidas de distanciamiento social son acertadas y cuarentena, debido a que la reducción de la profundidad y la duración de la pandemia es una forma indispensable de defender la vida y el futuro de la economía.

Sin embargo, el enfoque gubernamental en torno a la reproducción de la fuerza de trabajo resulta, a nuestro juicio, desacertado.

Desde el principio del desarrollo de la teoría económica, los economistas han tenido claro que la reproducción de la fuerza de trabajo precisa de un consumo de los trabajadores que no debe bajar de un nivel mínimo.

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Es así que los economistas clásicos pensaron que se trataba del estricto nivel fisiológico de subsistencia, que consideraban el valor natural de trabajo.

Por su parte, la economía política crítica ha propuesto que el valor de la fuerza de trabajo no solo toma en cuenta el valor de los bienes de subsistencia fisiológica, sino el de otras mercancías a las que los trabajadores se han acostumbrado en su contexto social, al que llamó "componente histórico moral".

La excepción son, desde luego, los economistas neoliberales, incapaces de vincular los hechos materiales con los monetarios, para quienes el salario no tiene ninguna referencia a un "valor natural.

El último enfoque es el que parece estar primando en la actual política pública.

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Esto se evidencia si se tiene en cuenta que la entrega de bonos por $80.0 mensuales no permite ni siquiera el consumo fisiológico necesario para la subsistencia.

La canasta básica alimenticia, construida con el criterio del consumo calórico necesario para el mantenimiento humano, es de aproximadamente $360.42 mensuales para una familia de tamaño promedio (3.5 personas). 

Para esta familia, el bono solo estará cubriendo el 37.3% de la necesidad.

Si la familia fuera de cinco miembros (una pareja con tres hijos) este porcentaje se reduciría a 26.1%.

Ello significa que los 1.3 millones de personas que dependerán de esos bonos, al no tener ingresos suficientes para su alimentación, van a convertirse en una población en condiciones de subalimentación.

Esto llevaría al país a niveles no vistos en varias décadas en términos de la prevalencia de la desnutrición, a la vez que colocaría a toda esta población en condiciones de pobreza extrema.

Lo cual, desde luego, se conectaría con una mayor probabilidad de contraer enfermedades.

Lo importante a destacar es que en estas circunstancias se estaría deteriorando la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad de trabajo, de una parte fundamental de la población.

Esto, desde luego, compromete las posibilidades del "día después".

Y se podría decir que se trata del día de muy después si se tiene en cuenta el posible impacto de la desnutrición sobre los niños.

Si bien, como gustan señalar los altos funcionarios, estamos en un situación de guerra, se trata de una guerra muy especial, la que si bien no destruye medios materiales de producción sí tiene la capacidad, en el caso de una política desacertada, de deteriorar la fuerza de trabajo del país.

Los recursos públicos son efectivamente limitados, se deben, por tanto, tener muy claras las prioridades entre las que está la seguridad alimentaria.

El Gobierno debe aclarar qué parte de los $5,000.00 millones que dice contar para atender la emergencia se utilizarán en la alimentación de la población.

Si solo gasta $104.0 millones mensuales, como se desprende de los datos del propio Gobierno, y lo hace por 6 meses, solo utilizaría el 12.0% de dichos fondos.

Este porcentaje, obviamente, no es el adecuado.

El mismo debe incrementarse.

Economista.